Poco a poco se van conociendo detalles sobre el programa electoral del PP, del que se aseguró el pasado lunes que ya estaba terminado. Así, aparte de filtrarse que habría una modificación importante de la Ley de Costas, según reveló ayer el senador Pío García Escudero, el plato fuerte lo sirvió la secretaria general de la formación conservadora, María Dolores de Cospedal, que abordó el tema que más preocupa a los españoles: el laboral. Así, en Antena 3, a primera hora, planteó la necesidad de llevar a cabo una reforma en el trabajo que permita que el mercado no siga siendo, como dicen el FMI y la OCDE, «el más rígido» de su ámbito económico, y en la que se negocie la actual «cobertura» de los empleados.
«Habrá que ver hasta qué punto deben estar protegidos todos los trabajadores en la extensión de ahora o solo una parte, o todos, pero, en cualquier caso, es preciso hacer cambios», recalcó la política madrileña, aunque eso sí, siempre con un mínimo.
Según la presidenta castellanomanchega, hace falta una reforma laboral que evite que «una serie de personas dispongan de una cobertura absoluta», mientras que «otras no tienen absolutamente ninguna». «Hay que ir a un sistema que potencie más la contratación indefinida y que no haga de la temporal la panacea», apostilló.
Asimismo, Cospedal valoró la última cifra del paro conocida ayer (95.817 nuevos parados) como «muy mala» y explicó que se debe, sobre todo, a la presión fiscal que sufren las pequeñas y medianas empresas y que les impide contratar a nuevos trabajadores.
Como suele suceder en estos casos -en plena precampaña electoral-, y máxime en temas tan delicados -el enemigo público número uno de la sociedad española, el paro-, el PSOE aprovechó para atacar al PP. Así, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tras justificar los pésimos números de un septiembre negro -que no se daban desde 1996- en lo laboral, en base a que algunas comunidades «se han pasado de frenada» con los recortes, se opuso frontalmente a las propuestas de la popular.
«España no necesita reducir la protección de los parados, al contrario», dijo, antes de defender que es preciso mantener la actual cobertura del 80 por ciento de los desempleados para garantizar la paz social. «No podemos pensar en reducirla porque agudizaremos la crisis y encontraremos problemas de convivencia», sentenció.
La portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, fue más allá y criticó las declaraciones de la secretaria general del PP, exigiendo al líder del partido, Mariano Rajoy, que aclare si piensa dejar a los españoles sin prestación por desempleo en caso de ganar las elecciones generales de noviembre. Y es que en Ferraz, a través de diversos cargos, se dedicaron a enviar el mensaje de que Génova pretende poner en peligro la red de seguridad de los parados tras recortar Sanidad y Educación. Así lo manifestó Mari Luz Rodríguez, la secretaria de Estado de Empleo, que tampoco dudó en culpar a las regiones de los datos del paro. El vicecoordinador del Comité Electoral del PSOE, Antonio Hernando, rozando la tragedia griega, afirmó: «Estamos ante el anuncio del ataque masivo al Estado de Bienestar que se producirá en España si Rajoy gana las elecciones». Curiosamente, solo los socialistas atacaron.
Como era de esperar, la maquinaria en la escuadra conservadora comenzó a funcionar para evitar que se dañara la imagen de su líder, que no intervino en todo el día. Después de haber encajado durante la mañana muchos golpes sin respuesta, los estrategas esperaron a las 14,30 horas para emitir un comunicado en el que intentaba aclarar cualquier tipo de malintepretación que se pudiera sacar de las palabras de Cospedal.
Así, se hizo especial hincapié en que la propuesta no consiste en limitar la actual cobertura de la que disfrutan los casi cinco millones de desempleados en España, sino en estudiar el alcance que debe tener la protección a quienes ahora no la tienen, como los autónomos.
