El Congreso de los Diputados ha iniciado los debates para la aprobación de los presupuestos del Estado para 2013, en el marco de los problemas provocados por la crisis y los ajustes en las cuentas públicas para cumplir con las exigencias comunitarias en el control del déficit. En este contexto, el Ministerio de Agricultura ha sido uno de los más tocados, fundamentalmente en lo que se refiere a inversiones, donde se perderán recursos comunitarios por la falta de fondos nacionales al ser actuaciones cofinanciadas.
Esta sería la parte más negativa. La positiva es que prácticamente se mantienen las ayudas directas de la UE en sus términos actuales, algo importante si se tiene en cuenta que esos fondos suponen aproximadamente una media del 30% de las rentas, aunque su distribución es muy desigual. Mientras para un cerealista la ayuda es fundamental, para un productor de frutas y hortalizas eran y siguen siendo escasas o inexistentes.
El presupuesto ascenderá a 9.489 millones de euros, frente a los 10.512 millones del ejercicio anterior, lo que supone un recorte del 9,7%. Este porcentaje se hallaría en la línea media de ajuste para el conjunto del presupuesto estatal. Sin embargo, en el caso del sector agrario, el recorte ha sido mucho más profundo. De esa cifra, la aportación más importante corresponde a los fondos que proceden de la UE, más de 7.000 millones de euros de los que la partida más importante, unos 5.200, corresponde al pago único y hasta más de los 6.000 millones si se computan todas las ayudas directas correspondientes a actuaciones de la regulación de los mercados.
Frente a esa parte de los fondos comunitarios, la aportación de la Administración ascenderá a solamente 1.680 millones, lo que supone una bajada del 25,4% ante los 2.252 del ejercicio anterior. Pero esto ya hace tiempo que ha dejado de ser noticia. El sector criticó, y con razón, el hecho de que los fondos continentales se han congeladas y que en las mismas no se contemple la inflación anual. Se critica también que para el período de 2014 a 2020 se esté barajando la misma medida, al margen de todo lo que pueda suponer la propuesta comunitaria para una redistribución de los recursos en función de las superficies y no por los actuales derechos históricos.
Sin embargo, la realidad es que, mientras desde Bruselas no suben las ayudas, en el caso de las aportaciones del Estado se ha pasado de los 4.836 millones de 2009 a solo los 1.680 previstos para 2013, lo que supone un descenso del 60%. Estas rebajas no son solo consecuencia de la crisis. Por desgracia para el sector, se trata de una política mantenida ya desde el pasado. Los recortes los hicieron los socialistas y ahora los populares lo han repetido, aunque en este caso, con la situación financiera como bandera, se han llegado a bajar partidas que antes no se habían tocado, como son los seguros. Pero en otras cuestiones como el desarrollo rural, no hay fondos con el Ejecutivo del PP y tampoco los hubo en las pasadas legislaturas.
Por el elevado número de afectados, más de 500.000 pólizas, una de las partidas más importantes que ha sufrido recortes es la referida a los seguros. Este ajuste se puede considerar como doblemente significativo, al haber sido en el pasado como uno de los ejes de la política agraria que había escapado a todos los tijeretazos hasta este año. Frente a los más de 280 millones de euros en 2011, en 2012 ya se rebajó la partida hasta los 252 millones, para llegar a los 205 millones en 2013, con una reducción del 18,9%. Lo más grave no es ya que se haya recortado la aportación central para las subvenciones de las primas a pagar por los agricultores, sino que en diferentes comunidades autónomas se han reducido y hasta eliminado todas las subvenciones, con lo que la prima a pagar por los afectados crecerá como mínimo un 20%.Con estos alicientes, parece complicado que en 2013 aumenten las pólizas, a pesar de que tener un seguro es una condición indispensable para acceder a cobrar las ayudas excepcionales en casos de situaciones catastróficas, como ha sucedido en las últimas semanas en varias regiones a causa de las riadas provocadas por las lluvias.
En este escenario de falta de fondos públicos se reduce de 1.520 a solamente 1.007 millones la partida dedicada al desarrollo rural, ajuste que afectará también a los programas de desarrollo sostenible. Habrá menos fondos para regadíos y también habrá más recortes en los dedicados para la mejora de explotaciones, para la erradicación de enfermedades, para sanidad animal, para la mejora de la calidad de las producciones, para la ayuda a la introducción de nuevas tecnologías y renovación del parque de maquinaria, que contaba con 4,2 millones y que se ha eliminado, como los recursos para fomentar el asociacionismo y la mejora de la organización agraria.
Ya lo dijo el ministro Arias Cañete, solo suben un 23% los fondos para combatir los incendios.
