El PP considera que la sentencia sobre las obras del complejo deportivo Carlos Melero, contraria al Ayuntamiento, y «con consecuencias imprevisibles», se podría haber evitado si el Gobierno municipal hubiese atendido las advertencias de los populares sobre las ‘irregularidades’ que presentaba el proyecto.
Así lo señaló ayer el portavoz municipal del PP, Jesús Postigo, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que desveló EL ADELANTADO, y que, en síntesis, sostiene que la aprobación del proyecto, la segunda fase de obras del complejo deportivo, no se ajustó a derecho, al proyectarse en una parcela calificada como espacio libre público, en contra del PGOU de 2008. La denuncia fue presentada por la empresa Expinmobel y contra esta sentencia, que puede derivar en la paralización de las obras, de 4,2 millones de presupuesto, no cabe recurso.
Postigo recordó que cuando se produjo el acuerdo de pleno, el 2 de abril de 2012, que el TSCyL considera no conforme a derecho, la concejala popular, Raquel Fernández, ya advirtió que el Ayuntamiento tenía que afrontar una modificación del planeamiento urbanístico que permitiera encajar el proyecto en la parcela elegida porque, de lo contrario, y como así ha sucedido, se iba a producir una irregularidad urbanística.
Desde el mes de marzo de 2012, los populares habían advertido que el terreno donde se proyectaba la segunda fase del complejo deportivo «Carlos Melero» no tenía una calificación urbanística adecuada, al ser un espacio verde que tenía agotada la edificabilidad. «Apoyábamos el proyecto, pero advertimos que había unas deficiencias que tenían que ser subsanadas, lo cierto es que el tiempo nos ha dado la razón», dijo Postigo.
En aquel pleno, gracias al «rodillo» que ejercieron PSOE y PP, según apuntó ayer Postigo, se aprobó el proyecto, desoyendo la advertencia de los populares. Lo cierto es que, finalmente, el Gobierno municipal, ya iniciadas las obras, inició los trámites para cambiar la calificación de la parcela. Un año después, el pasado 1 de abril, el pleno aprobó provisionalmente la modificación puntual del PGOU relativa a los sectores A y B, donde se incluyo el cambio de calificación de la parcela del centro deportivo «Carlos Melero». El acuerdo fue ratificado por la junta de Gobierno local el pasado 6 de junio y remitido, hace dos semanas, a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva.
«Nuestra concejala, Raquel Fernández, está muy preparada, sabe lo que se trae entre manos, cuando ella habla y opina merece un crédito, que, por desgracia no le dieron, si nos hubieran hecho caso no hubiéramos llegado a esta situación», añadió el portavoz popular. Según Postigo, los argumentos que esgrime el TSCyL en la sentencia coincide con los expresados por Fernández. «Nos da la razón con los mismos argumentos que expuso Raquel Fernández», aseguró ayer el jefe de la oposición, que advierte que, tras el fallo judicial, las obras afrontan una situación «complicada». El PP, de acuerdo con Postigo, analiza las consecuencias jurídicas, económicas y urbanísticas que se derivan de la sentencia. «El tribunal ha dicho que es una obra ilegal, las consecuencias pueden ser imprevisibles, para la constructora y para el Ayuntamiento» y, sobre todo, «porque dependemos de decisiones ajenas a nosotros», en alusión a que es la Junta de Castilla y León, concretamente, el Consejo Regional de Urbanismo, la que tiene que determinar si las modificaciones del planeamiento para la parcela, finalmente tramitadas por el Gobierno municipal, son o no correctas.
Postigo expresó la ‘preocupación’ del PP por las consecuencias que tienen sentencias como ésta, que se une, según dijo, a la que tumbó el segundo proyecto del teatro Cervantes o la que ha provocado la paralización de las obras del edificio de emprendedores del CAT, esta vez por el proceso de liquidación de la empresa adjudicataria, Volconsa. Para Postigo, estos fallos judiciales contrarios a los intereses municipales «no son fortuitos ni aleatorios, no son sobrevenidos, son fruto de una incorrecta y mala gestión» por parte del Gobierno municipal socialista.
