Los grupos provinciales del PP y el PSOE consideran que la personación de la Diputación en el caso ‘Caja Segovia’ sería “ilegal”. Los partidos mayoritarios coincidieron ayer en rechazar la moción planteada por UPyD en el pleno de la Diputación Provincial, por la que la formación magenta solicitaba la presencia de la Institución en las causas judiciales abiertas sobre Caja Segovia, relativas al caso de las prejubilaciones y planes de pensiones de los directivos y al caso denominado Navicoas que versa, entre otras cosas, sobre la hipoteca del Torreón de Lozoya y otros inmuebles.
Durante el debate de la propuesta, la secretaria de la Diputación dio lectura a un informe técnico sobre la cuestión solicitado por el presidente Francisco Vázquez, en el que argumentaba la ilegalidad de la solicitud propuesta por UPyD, en el sentido de que, según sus palabras, “una sentencia del Tribunal Supremo del año 2013 cuestiona si los entes públicos pueden realizar acusaciones públicas” y añadió que “es al Ministerio Fiscal al que corresponde la acción pública, por lo que una institución pública, como en este caso la Diputación, no puede actuar como acción popular, no puede personarse”. Tanto populares como socialistas se remitieron al informe de la Secretaría de la Diputación para rechazar la propuesta de UPyD, al considerar que la Diputación podría incurrir en una ilegalidad. El diputado del PSOE, José Luis Vázquez, que intervino en este punto, justificó el voto negativo de su grupo en la “incompetencia, improcedencia e ilegalidad de la Diputación en este caso, ya que el interés general está velado por el Ministerio Fiscal”. Por su parte, el portavoz del PP, José Luis Sanz Merino, afirmó que “a la vista del informe, la moción propone un acuerdo ilegal, por lo que no podemos aprobarla”.
En este punto, el más polémico de una sesión que se alargó unas tres horas, la petición del diputado de UPyD, Juan Ángel Ruiz, de que el vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y el portavoz del PP, José Luis Sanz Merino, se abstuvieran en la moción por ser “personas con interés en este asunto”, provocó otro enfrentamiento entre equipo de Gobierno y UPyD. Sanz Merino acusó a la formación de querer “inhabilitar el debate político a través de una cuestión de carácter jurídico, cuando no concurre ninguna causa de abstención”.
El diputado aludido salió en defensa de su moción e insistió en que la iniciativa “es por un bien público no mediático”. “Acepto el informe jurídico de la secretaria, pero no es ilegal, por lo que mantengo la moción”, concluyó.
La votación puso el punto y final a la discusión. La mayoría de los votos de los partidos mayoritarios rechazó la moción del único diputado de UPyD, que sólo contó con el apoyo de la diputada de Ciudadanos.
Falta de comunicación
Otra cuestión que parecía iba a provocar un nuevo enfrentamiento entre populares y UPyD acabó en un debate “descafeinado”, como acertadamente concluyó el portavoz del PP, José Luis Sanz Merino, debido a la falta de comunicación entre equipo de Gobierno y oposición. Una moción de la formación magenta pedía sacar a concurso público todos los puestos de libre designación de la Diputación, para que cualquier funcionario pueda acceder a ellos, “una vez vistas las irregularidades de provisión de todos los puestos mencionados”. El vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, intervino en este punto para recriminar al diputado de UPyD su actitud crítica y “bajuna” contra los funcionarios que ocupan esos puestos y le retó a que le indicara cual de esos puestos no había salido públicamente a concurso para mantener la igualdad de oportunidades entre todos los funcionarios. Mientras que De Vicente defendía el desarrollo de las pruebas a través del pertinente concurso de méritos, Ruiz criticaba al equipo de Gobierno por no establecer adecuadamete en la relación de puestos de trabajo de la Diputación cuáles eran de libre designación. Conclusión: la moción de UPyD fue rechazada por PP y PSOE, y logró solo el apoyo de Ciudadanos.
