Los antiguos consejeros de la sociedad Segovia 21 que han sido llamados por la Fiscalía para declarar han coincidido en manifestar su honestidad al frente de la empresa de carácter público.
Así lo han señalado después de que reconocieran que han recibido la citación para finales de este me de enero.
En todo caso han querido dejar claro que se trata de «diligencias informativas previas» y que no representan ninguna imputación ni presuposición de culpabilidad. De hecho, se consideran seguros de su inocencia y de haber obrado con «honestidad» como parte del Consejo de Administración de Segovia 21.
Entre los consultados, el director general de la sociedad, Jesús Sánchez, se mostró «absolutamente tranquilo» con el trabajo desarrollado. Al igual que sus compañeros que han atendido las llamadas de este periódico, indicó que su labor al frente del complejo de negocio y de actividades deportivas, se ha realizado «con la mejor voluntad posible». «Creo que todos hemos trabajado con la intención de que saliera lo mejor y hemos puesto de nuestra parte la mayor profesionalidad que hemos podido», explicó.
Jesús Sánchez mantiene su vinculación laboral en la sociedad Segovia 21, después de que el pasado mes de septiembre, se decidiera prescindir del Consejo de Administración, nombrar un administrador único, la sociedad Verae, y revisar las retribuciones de sus responsables. También defendió el proyecto de Segovia 21 como «una gran propuesta que se ha hecho para Segovia, tanto para el presente como para el futuro».
Por su parte, Jesús Postigo, actual portavoz municipal del PP y antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Segovia, hizo hincapié en su «confianza plena» en la labor de la Justicia, a la que estará encantado de responder a cuantas preguntas se le formulen.
Con prudencia, Postigo dijo que no se atrevía a valorar si se ha actuado correctamente, pero sí señaló que los acuerdos adoptados por unanimidad en el Consejo de Administración de Segovia 21 se hicieron siempre «con el aval de los técnicos oportunos».
Por su parte, David Rubio, portavoz municipal del grupo socialista en el Ayuntamiento de El Espinar, se mostró más enojado que sus compañeros y dijo estar «indignado, pero tranquilo». En este sentido también defendió la honestidad de los actuantes. Recordó que los acuerdos de prórroga del contrato con Fomento Territorial, por el que se han abierto diligencias informativas en la Fiscalía, «se hicieron por unanimidad, y no cabe en una mente humana que tales decisiones se hayan podido hacer con mala intención. Si así lo hicimos fue porque creímos que era bueno para la sociedad».
«Yo estoy absolutamente tranquilo y seguro de que no existe ninguna responsabilidad penal porque para ello debería existir dolo, y estoy convencido de que no lo hay», explicó. A la vez agregó que del contrato objeto de la investigación «tiene conocimiento el Consejo de Cuentas de Castilla y León, el interventor y los diferentes órganos de Gobierno de la Diputación, y todos los auditores consultados; y ninguno ha puesto ningún reparo”.
Todos los consultados han coincidido en manifestar también su «sorpresa» por el cariz que han tomado los hechos. Pero están convencidos de que no existe ningún delito.
Participada por la Diputación provincial (76,41 %), por Bankia (14,42 %), y por la Cámara de Comercio (3,2 %), la sociedad Segovia 21 se marcó como objetivos en su nacimiento, realizar una serie equipamientos para transformar lo que era una finca rústica dedicada al pastoreo de vacuno en un polo de formación de empleo cualificado e implantación de empresas, así como un centro de ocio y de desarrollo urbanístico de calidad.
Archivo o pena de multa y prisión
El análisis que está realizando la Fiscalía de la Audiencia Provincial puede saldarse con el archivo de la causa, según confía la mayoría de los consultados. Algunos indicaron que el asunto ni siquiera ha pasado al Juzgado, que sería el que podría imputar y decidir. “Pero puede archivarse en la propia Fiscalía”, apuntaron algunos de los consultados, que además están versados en materia judicial. Por el contrario, si la Fiscalía, cuyo máximo responsable en Segovia es Antonio Silva, encontrara indicios de delito, podrían abrirse diligencias penales y solicitarse distintas penas al Juzgado correspondiente. En este sentido, tal como recoge el Código Penal en su artículo 295 del capítulo de Delitos Societarios, los autores podrían ser castigados con pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. Este artículo atribuye este delito a los administradores o socios de cualquier sociedad “que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a los socios, depositarios cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren”.
