El Tribunal Superior de Londres dictaminó ayer que el Parlamento británico debe ser quien decida si el Gobierno puede iniciar el proceso de divorcio con la Unión Europea tras el resultado del referéndum sobre el Brexit.
La sentencia impide pues al Gobierno de la primera ministra, Theresa May, activar por sí mismo el artículo 50 del Tratado de Lisboa que daría comienzo a la negociación con la UE para la salida de Reino Unido del bloque en un plazo de dos años.
