El PSOE instó ayer a la Junta a que cumpla con los compromisos que adquirió en las Cortes y no repercuta en el recibo de la luz que debe abonar el consumidor las ecotasas de producción y distribución a las empresas eléctricas, en vigor desde el mes de marzo en Castilla y León, algo a lo que obliga el Real Decreto-Ley de Estabilidad Presupuestaria 20/2012, aprobado por el Gobierno central y que es efectivo desde el 5 de agosto.
La vicesecretaria del PSOE, Ana Redondo, fue la encargada de presentar una iniciativa, como propuesta de resolución para que el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera se niegue a ello y mantenga el compromiso manifestado tanto en el Pleno de las Cortes, en noviembre de 2010, como en la Comisión de Hacienda, un año después, y «garantizar que, en ningún caso, el impuesto ambiental sobre la producción y distribución eléctrica se cargue sobre los ciudadanos».
Redondo recordó que este impuesto, que nació con el consenso de los grupos parlamentarios, contó en su momento con un informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que demostraba «que no era necesario repercutir el impuesto sobre los consumidores, salvo que hubiera una regulación estatal que lo pidiera». Al respecto, la dirigente socialista consideró «injusto este atropello» y consideró que serán los castellanos y leoneses los que deberán pagar ahora los 60 millones que el Gobierno regional prevé ingresar con estos tributos: 40 de la producción hidroeléctrica, 15 millones de la eólica y otros cinco del transporte de energía a través de la alta tensión.
Además, desde las filas socialistas animan al Ejecutivo de la Comunidad impulsar todos los mecanismos políticos y jurídicos a su alcance para evitar que la medida se haga efectiva en Castilla y León. En este sentido, puso como ejemplo Extremadura, también gobernada por el PP y con tasas similares que cargan a las eléctricas, y que ha adoptado acciones «contundentes».
De hecho, explicó Redondo, el Gobierno de José Antonio Monago ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad frente a este decreto «porque afecta a los usuarios y resta autonomía por imposición estatal», dado que trastoca una impuesto meramente regional. Incluso, añadió, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie no se aplicará en la Comunidad vecina. Igualmente, solicitó un informe al Consejo Consultivo sobre este suplemento y criticó el silencia de la Junta: «O no sabe o no tiene criterio. Que sea más ágil, como Extremadura», dijo.
Redondo consideró que es «injusto» en el fondo, porque «penaliza doblemente» con un coste importante a los usuarios, dado que Castilla y León es excedentaria de energía en un 60 por ciento. «Soportamos décadas de impacto y ahora no nos beneficiamos, y encima nos imponen un suplemento territorial», sostuvo . También rechazó este decreto en las formas, porque a través de él «se afecta a un impuesto propio autonómico».
