El Partido Popular recurrió la fianza civil de 1,2 millones de euros que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le ha impuesto en calidad de responsable civil subsidiario por financiarse presuntamente con una caja ‘B’ desde “1990 hasta, al menos, el año 2008” y criticó que esta cuantía no se haya reducido “ni en un céntimo de euro” pese a la solvencia de los acusados. Así, el partido presentó un recurso en el que denuncia la “patente indefensión” que ha sufrido, toda vez que se le ha requerido el “100%” del pago de la responsabilidad civil que el juez reclama sin conocer cuál es la solvencia de los demás responsables civiles.
“Esta parte no comprende por qué se requiere al Partido Popular para que preste fianza por 1.245.154 euros, cuando este, como responsable civil subsidiario, debe responder únicamente de la cuantía que quede por cubrir una vez se haya procedido contra los bienes de los acusados, responsable directos y solidarios”, añadió.
El juez efectuó este requerimiento en una diligencia de ordenación en la que informó de que las fianzas no han sido totalmente cubiertas por los acusados, los ex tesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez, así como por el despacho Unifica, que reformó las obras de la sede de Génova. En ese sentido, el PP apunta que el juez impuso a Lapuerta y Bárcenas sendas cauciones de 8,9 millones, a Páez otra de 7,4, y a Unifica una de 4,5, aunque luego rebajó dichas cuantías en 577.249 euros por acusado. A su juicio, la fianza de 1,2 millones del partido debe asumirse “conjunta y solidariamente” por los acusados y, en el caso de que sus bienes no sean suficientes, recurrir de forma subsidiaria al PP.
En opinión de la formación, los responsables civiles directos y Unifica han acreditado una “solvencia superior” a la cantidad que se le reclama y el afianzamiento por uno de los responsables de la cuantía presuntamente defraudada a la Hacienda eliminaría la responsabilidad del resto de depositarla. “Lo contrario, supondría un afianzamiento exorbitado que nunca podrá hacerse efectivo en fase de ejecución de sentencia puesto que supondría un enriquecimiento injusto de la Administración”, resalta.
Así, los ‘populares’ ponen de relieve que Lapuerta ha dicho contar con 320.000 acciones de la inmobiliaria El Royuelo y de un inmueble con un valor catastral de 1,64 millones de euros a fecha de 2005, “en un principio y a salvo de una valoración pericial posterior, la cuantía asegurada por Lapuerta ascendía a 4,18 millones”, remachan. En el caso de Luis Bárcenas, advierten de que el juzgado se “contradice” cuando afirma que sus bienes se encuentran embargados pero en otra resolución posterior indica que “este señor ha asegurado una parte de las responsabilidades exigidas” por lo que ven “útil” aclarar este aspecto.
Al haberse afianzado un total de 15,61 millones de euros, el PP no entiende por qué no ha afectado a las cuantías que le han sido requeridas y que “no se vieron reducidas ni en un céntimo de euro”.
