El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, criticó ayer en Valladolid la «demora reiterada e injustificada» por parte de las administraciones en la tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos, lo que a su entender colisiona con el derecho de todos a una buena administración.
Esta advertencia nace de las cifras correspondientes al año 2013, que muestran cómo en el 54% de los dictámenes aprobados se hacía notar el excesivo tiempo transcurrido desde que se iniciaba el procedimiento hasta que se formulaba la propuesta de resolución.
Amilivia, que acudió ayer a Valladolid para entregar la memoria anual del órgano que preside a la presidenta de las Cortes, María Josefa García Chirac, pidió también que se haga un esfuerzo por dar a conocer esta institución que, en lo que va de año, ha dictado 43 resoluciones vinculadas a “contratos muy importantes” frente a las 75 con que cerró 2013.
El trabajo de este órgano, que busca garantizar la libre concurrencia a los concursos para contratación, aún no es suficientemente conocido por los ciudadanos aunque sí por los agentes jurídicos y las administraciones, según su máximo responsable, quien explicó que las resoluciones vinculadas a la Junta tienen que ver, especialmente, con el campo sanitario mientras que las de los ayuntamientos, con concesiones y gestión de servicios públicos.
“Se debería aprobar una memoria específica del Tribunal”, apuntó Amilivia antes de reconocer la necesidad de realizar un “esfuerzo de pedagogía” para darlo a conocer ya que su carácter pre-contencioso evita mucha litigiosidad, lo que a su vez redunda en un ahorro de dinero público.
La Memoria 2013 del Consejo Consultivo de Castilla y León recoge la emisión de 883 dictámenes (todos derivados de consultas preceptivas menos una de carácter facultativo) y la asunción, por parte de las administraciones, de un 97% de sus recomendaciones .
Del global de expedientes, los más numerosos son los derivados de consultas de responsabilidad patrimonial (742). Por detrás se emitieron 45 sobre revisión de oficio de los actos administrativos; otros 45 de carácter jurídico-normativo y 31 sobre proyectos de decreto.
En cuanto al sentido de los dictámenes, 521 de ellos fueron desestimatorios, 125 estimatorios y 91 estimatorios parciales, correspondiendo el resto a otro tipo de asuntos.
