El Ayuntamiento mantendrá la gestión directa de la terminal de autobuses tras las obras de reforma, cofinanciadas por la Junta de Castilla y León, que permitirán otorgar al actual apeadero la condición de estación. La alcaldesa, Clara Luquero, desveló ayer que el Gobierno municipal ha trazado ya la ‘hoja de ruta’ para que el Ayuntamiento mantenga la responsabilidad directa sobre la limpieza, seguridad y funcionamiento de la estación, así como de gestionar el alquiler de las taquillas y los 19 locales que existen en el interior de la terminal.
La gestión directa de la terminal regresó, de forma provisional, al consistorio en marzo del pasado año al cumplirse la fecha de finalización del contrato que el consistorio suscribió, a finales de 2005, con la Compañía de Aparcamiento Regulado SA (CARSA) y que estuvo vigente en los últimos siete años.
Luquero participó ayer en una rueda de prensa en la que la concejala de Tráfico, Transportes y Policía Local, María José de Andrés hizo balance de su departamento. A preguntas de los periodistas, la alcaldesa argumentó que el Gobierno municipal es consciente que la instalación no tiene grandes dimensiones y que, por tanto, “no es muy rentable en estos momentos para las empresas privadas”. “Cualquier empresa busca legítimamente su beneficio, y para eso recortará servicios, no ofrecerá la calidad que nosotros deseamos”, apuntó.
Con anterioridad, De Andrés explicó que, a la espera de firmar el convenio de financiación de las obras y licitar el proyecto, el Ayuntamiento había dado “los primeros pasos” para mantener la gestión directa de la terminal. Explicó que en breve se abrirá una Oficina de Información al Viajero y que los técnicos ya estaban redactando los pliegos para adjudicar en el futuro los contratos de alquiler de las taquillas y los locales comerciales. “Los siguientes pasos los daremos cuando tengamos la calificación de estación, aunque la apuesta es clara, la gestión directa, la hoja de ruta está diseñada para que se ponga en marcha durante la siguiente legislatura”, afirmó la concejala.
Como se sabe, en marzo del pasado año, el Gobierno local optó por asumir directamente la gestión tras el fracaso económico que supuso ‘privatizar’ la estación y que, en síntesis, obedece a la imposibilidad que tuvo CARSA de cobrar las tasas que cobró el Ayuntamiento a las empresas de transporte regular por el uso de la terminal, dado que ésta no tenía la categoría legal de estación, sino de simple apeadero.
Así lo declaró el TSJCyL, en dos sentencias, en noviembre de 2008 y en marzo de 2011. La negativa de las empresas a pagar las tasas hizo que CARSA solo abonara durante tres años el canon anual al Ayuntamiento (139.347 euros anuales), por lo que las arcas municipales dejaron de ingresar durante los siete años alrededor de 557.388 euros. CARSA alegó un desequilibrio económico superior a los 500.000 euros, si bien la Concejalía de Transportes puso sobre la mesa un informe que arrojó una liquidación, a favor de la empresa, de 198.548 euros. Esta cantidad sería finalmente abonada con la prórroga de la concesión del parking a favor de la empresa, seis años más.
Con la obtención de la categoría de estación, el Ayuntamiento sumará a los ingresos procedentes del alquiler de taquillas y locales, la recaudación por el cobro de tasas a las empresas de transporte. “Los ingresos serán equiparables a los gastos, habrá un equilibro económico, todo se dedicará a financiar los servicios que preste la terminal”, indicó Luquero.
Por otra parte, en cuanto a la reforma de la instalación, la alcaldesa explicó que el Gobierno municipal tiene “todos los deberes hechos” y solo está a la espera de la firma del convenio de cofinanciación con la Junta para poder licitar las obras, presupuestadas en 1.123.000 euros, de los que la administración regional asumirá 500.000 euros. Las obras comenzarán este verano, previsiblemente en el mes de junio, y se prolongarán tres meses, de los que uno de ellos estará cerrada la estación.
El pleno aprobó este lunes una transferencia de crédito, por importe de 147.525,99 euros, que se añadirán a la cantidad ya reservada en el Presupuesto Municipal. El Ayuntamiento invertirá un total de 646,525 euros, una cantidad que incluye los cerca de 95.000 euros en que se cifra la retirada de la marquesina ‘ilegal’ anclada al edificio de viviendas.
Luquero desveló ayer que, en fechas reciente, tuvo la oportunidad de hablar con el consejero de Fomento, Antonio Silván, al que pidió “celeridad” para la firma del convenio. “Si cumple su palabra, se firmará el convenio en este mandato municipal, antes de las elecciones”, dijo Luquero. La junta de Gobierno local aprobará en breve el proyecto definitivo de reforma de la estación, que atiende las alegaciones presentadas por la Comunidad de Propietarios del inmueble.
Marquesina
El proyecto de remodelación, redactado por técnicos municipales, con el apoyo y asesoramiento de técnicos regionales, incluye la demolición de la marquesina adosada al edificio principal, el desmontaje del cerramiento acristalado hacia la campa, su posterior montaje en línea con las paredes del edificio, y la modificación de la zona de suelo ocupada por la marquesina, que a partir de ese momento quedará al aire libre. Se cubrirá la zona exterior de las dársenas de autobuses con una marquesina textil tensada y exenta de los edificios colindantes, y se rediseñarán los andenes de la campa. Están proyectados siete dársenas para uso continuo de carga y descarga de viajeros, y otras 7 de espera.
La obra contemplará la demolición del firme de la campa. Se colocará una nueva impermeabilización de PVC y, posteriormente, un nuevo firme con solera de hormigón. La zona de la campa, destinada a circulación y estacionamiento de los autobuses, tendrá un acabado pulido —con una adicción posterior de árido silicio—, mientras que la zona destinada a viajeros y las dársenas tendrá un suelo rugoso y antideslizante, con un estampado de hormigón. En consecuencia, ambas zonas de la campa, que se separarán mediante bolardos, se identificarán claramente, tanto por el color del pavimento como por su textura.
