La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) falló ayer a favor de seis familias que interpusieron sendas medidas cautelares en contra de la Consejería de Enseñanza de la Generalitat para que «adopte las medidas necesarias para que sus hijos reciban una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios».
La resolución pide a las escuelas que «adapten el sistema de educación a la nueva situación», sin que ello suponga la segregación de los seis menores.
El TSJC también dictó que la administración deberá considerar el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, juntamente con el catalán, tal y como sentenció el Tribunal Constitucional en 2010, en «la proporción que proceda dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana».
La proporción y su puesta en práctica «corresponde acordarla al Gobierno Regional», después de atender a la realidad sociolingüística del centro, detallan las resoluciones.
Las medidas provisionales disponen del voto particular del magistrado Alberto Andrés Pereira, que consideró que el procedimiento cautelar solo se debe utilizar ante daños irreparables que, en este caso, no se producen, ya que no cabe considerar como un perjuicio «la enseñanza conforme al sistema que han seguido todos los alumnos de Cataluña durante cerca de 20 años».
Pereira también se quejó de que la parte recurrente no precisa «el alcance» que atribuye a su petición, y que no puede pedir que las dos lenguas tengan idéntica proporción, pues esto va en contra de la Ley de Educación.
Las medidas han tenido en cuenta la resolución del Tribunal Constitucional respecto a la sentencia sobre el Estatut, así como las reiteradas sentencias posteriores del Tribunal Supremo y las análogas del TSJC.
Por su parte, la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, anunció que recurrirá la interlocutoria del TSJC que obliga a adoptar medidas para que los alumnos reciban una enseñanza en catalán y castellano a partes iguales.
Así, defendió que no existe «riesgo de daño» con la inmersión lingüística actual como para adoptar medidas cautelares en favor de las familias, al entender que así lo atestigua el éxito demostrado por el sistema aplicado en la región durante los últimos 30 años. «No es fuera de Cataluña donde se nos tiene que decir cómo y cuándo debemos enseñar en catalán», remarcó Rigau al criticar la reforma educativa que plantea el Gobierno central, y celebró que el tribunal haya denegado la petición inicial de las familias de extender el modelo bilingüe al resto de la clase de alumnos afectados.
Finalmente, hizo un llamamiento para que deje de judicializarse el modelo educativo catalán, y dio a entender que las peticiones realizadas por estas familias responden a «casos extraescolares» motivadas más por cuestiones políticas que pedagógicas. De hecho, precisó que la Ley de Educación de Cataluña ya prevé una atención personalizada para los alumnos de parvulario que así lo soliciten, lo que afecta a la mayoría de los demandantes, ya que de los seis alumnos solo hay uno de Primaria y dos que cursan la ESO.
