El Gobierno anunció ayer a bombo y platillo que ha acordado solicitar a Venezuela la extradición del etarra Arturo Cubillas, deportado al país sudamericano en 1989 por el también socialista Felipe González y al que ahora se quiere de vuelta para juzgarle por su presunto liderazgo de la entente que mantienen ETA con las FARC colombianas.
Cabe recodar que sobre el terrorista ya pesaban una orden internacional de busca y captura y que el Gobierno no ha actuado motu proprio, sino que su reclamación se limita a atender la exigencia que le formuló en su día la Audiencia Nacional.
Además, dado que Hugo Chávez ha reiterado en numerosas ocasiones que no entregará a su protegido y alto cargo de la Administración bolivariana, todo apunta a que el anuncio del Ejecutivo es solo propagandístico, en espera quizá de ganar algunos días hasta que llegue ese tan cacareado anuncio de rendición de la banda cuyo contenido estaría ultimando Moncloa con los asesinos.
Sea cual sea la intención de los socialistas, el vicepresidente primero del Gobierno y titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, detalló tras el Consejo de ministros que Cubillas, que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras venezolano, es reclamado por el juez Eloy Velasco por conspiración para cometer homicidios terroristas y tenencia de explosivos en colaboración con banda armada.
El día 20 de octubre, Velasco pidió formalmente al Ejecutivo que iniciara los trámites para la extradición, aunque le sugirió que antes reclamara al Gobierno venezolano que retire al etarra el pasaporte venezolano al entender que el embajador de Caracas en España y la fiscal general del país sudamericano mostraron la inequívoca «voluntad de no acceder» a la entrega ante la imposibilidad de extraditar a sus nacionales.
La revocación de la nacionalidad, que según el magistrado Cubillas adquirió «en fraude de ley», está contemplada tanto en la Constitución de Venezuela como en el artículo 27 del convenio de extradición firmado con España en 1989, que establece que «los Gobiernos de ambas partes, a través de los órganos competentes, se prestarán asistencia recíproca para facilitar el cumplimiento de este tratado».
Así pues, ayer el Gobierno se limitó a cumplir con la primera de las instrucciones de la Justicia, pero ni siquiera quiso informar si ha realizado gestión alguna con respecto a la cuestión de la nacionalidad, que, a la postre, parece la única relevante.
Tal falta de determinación del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no hace sino dar más credibilidad a las críticas del PP, que acusa al PSOE de condescendencia con el régimen «dictatorial» de Chávez.
Mientras tanto, otro juez de la misma Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ordenaba el ingreso en prisión de Iratxe Yáñez, entregada el jueves por las autoridades de Portugal. La presunta etarra fue detenida el 9 de enero cuando trasladaba material para la construcción de bombas al zulo que la banda había construido en Obidos.
Concretamente, Yáñez conducía un turismo que precedía a la furgoneta de su Garikoitz García en la que iban los explosivos. La misión de la criminal era pues la de lanzadera, de modo que comprobaba que la carretera estuviera despejada de controles policiales y estaba encargada de avisar al otro terrorista para que huyera en caso de detectar cualquier movimiento sospechoso de las Fuerzas de Seguridad.
Lo cierto es que no cumplió bien su cometido, puesto que la Guardia Civil interceptó el convoy en la localidad zamorana de Bermillo de Sayago.
¿Peligra el pacto PP-PSE?.-
Los ‘populares’ exigen a los socialistas que aclaren de manera inequívoca si hay contactos con los proetarras, ya que tal circunstancia supondría la voladura definitiva del actual acuerdo de gobernabilidad.
La experiencia ha enseñado al PP que, cuando se habla de negociar con ETA, las negativas del PSOE no suelen ser demasiado fiables y ha solicitado la convocatoria «urgente» de la comisión de seguimiento del pacto firmado entre populares y socialistas para aclarar si ha habido contactos entre compañeros del presidente Zapatero con los proetarras, puesto que, en caso de que tal diálogo se hubiera producido, ello supondría una «violación grave» del pacto suscrito por ambas formaciones. El líder de la formación conservadora en Álava, Alfonso Alonso, mostró ayer su «profunda preocupación» por la abundancia de informaciones e indicios que dan credibilidad a tal traición de los socialistas y anticipó que su jefe regional, Antonio Basagoiti, tratará de reunirse cuanto antes con el lehendakari, Patxi López, para «zanjar esta situación». Asimismo, recordó que la entente que mantienen el PP y el PSE, que permite al susodicho López presidir el Ejecutivo de Vitoria, «defiende la deslegitimación política y social en todos los espacios de la sociedad del terrorismo de ETA y de las personas y colectivos que lo justifican o amparan». Como colofón, Alonso explicó que «lo que está ocurriendo es el enésimo intento de Batasuna de burlar la ley para presentarse a las elecciones municipales. Es muy importante que no aceptemos ni el lenguaje ni las trampas de la izquierda abertzale, ni los señuelos que nos pone ETA».
