Cuando solo restan 24 horas para que la Sala 61 del Tribunal Supremo notifique su resolución sobre la ilegalización de Sortu, la situación vivida ayer por la mañana en el Congreso se pareció a una nube tóxica con las polémicas actas de ETA sobre sus presuntos encuentros con el Gobierno central. Horas después, y lejos de templar los ánimos, el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, echó gasolina al fuego al confesar ante el juez instructor del caso Faisán, Pablo Ruz, que tras el atentado de la T-4, siguió habiendo contactos con los criminales, extremo que negó hace dos años el mismísimo presidente Zapatero. Pero lo mejor estaba por llegar, pues el togado solicitó al Ejecutivo documentos que dieran fe del contenido de los encuentros con los asesinos, y éste se limitó a negar su existencia.
Como se puede apreciar, la jornada fue muy intensa dentro y fuera de la Cámara Baja pero, sobre todo, en su interior, donde se llegaron a resucitar viejos fantasmas del pasado, como los GAL. Y todo ello para el vicepresidente Rubalcaba, que está sufriendo un acoso asfixiante por parte de los populares, que han encontrado en él, que sigue figurando a la cabeza de las quinielas sucesorias -el ex ministro Solchaga se unió ayer a la lista de fans-, un filón de oro. Así, le volvieron a pedir que «diga la verdad, pida perdón a los españoles y márchese a su casa». En su defensa, el dirigente socialista acusó a sus adversarios de llevar al Congreso la «bazofia de ETA, porque creen que les interesa» en su estrategia de debilitar al Ejecutivo.
El protagonista del acoso al brazo derecho de Zapatero volvió a ser, un día más, el diputado popular Ignacio Gil Lázaro, que le acusó de «seguir estando donde siempre ha estado: en la manipulación y en el engaño». «España no se merece que alguien como usted se atrinchere en la mentira», enfatizó. En su opinión, los documentos incautados al etarra Thierry tras su detención ponen a Rubalcaba «contra las cuerdas».
Como respuesta, el dirigente conservador no encontró en su rival referencias al grupo Amaral, como sucedió la semana pasada, sino a un titular del Interior bronco, que tiró de escatología y que echó en cara al PP su «soledad» a la hora de llevar estos asuntos al Parlamento.
En este sentido, puede que se equivoque el veterano político, ya que el PNV, por boca de su presidente, Íñigo Urkullu, consideró que la banda y el Ejecutivo no deben hablar de cuestiones políticas, porque éstas solo deben «residir» en las conversaciones entre partidos. De este modo, advirtió de que, si conociera que, efectivamente fue así, se querellaría ante las instancias pertinentes.
Quizás tengan los jetzales más motivos de recelo que el Gobierno contestara al juez Pablo Ruz, que le preguntó si tenía actas de las reuniones mantenidas con ETA en 2006 en las que se trató del caso Faisán, que éstas no existen, por lo que no puede enviarle una copia de las mismas. Eso sí, le facilitó quiénes fueron los representantes gubernamentales que se sentaron con los asesinos: el ex ministro, ex fiscal general del Estado y ex presidente del Consejo General del Poder Judicial Javier Moscoso, el vocal de este último órgano José Manuel Gómez Benítez y el presidente del PSE Jesús Eguiguren.
Contra estas tres personas el sindicato Manos Limpias presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de colaboración con banda armada y encubrimiento durante el diálogo que mantuvieron con miembros de ETA en el Centro Henry Dunant, en Suiza.
