La Policía detuvo finalmente este martes en Santander al presunto pederasta de Ciudad Lineal, que sembró la inquietud este verano en ese distrito de Madrid. Está acusado de cinco agresiones a menores de entre cinco y once años y tres tentativas, según informó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que relató que el detenido, Antonio Ortiz, un varón español de 42 años, ya cumplió una condena de siete años en los años 90 por un delito similar contra una niña de seis años.
Fernández Díaz dio estos datos en una comparecencia en el Ministerio del Interior en la que ofreció detalles de su detención y la investigación desarrollada desde el pasado mes de abril, en la que participó un amplio dispositivo policial con el que colaboraron diversos especialistas e incluso el FBI.
El ministro confirmó que las agresiones se producían contra menores con las que no tenía ninguna relación, de escaso desarrollo físico, a las que no había realizado un seguimiento previo y con las que contactaba en parques o zonas de ocio habituales de menores, factores que complicaron la investigación.
Según ha indicó, se trata de un varón español de 42 años, “aunque aparenta menos”, con un amplio historial policial por secuestros, detenciones ilegales, robos con violencia, robos con fuerza y violencia de género.
Además, en los años 90 fue condenado a siete años por detener ilegalmente y agredir sexualmente a una menor de seis años, lo que “le daba un elevado conocimiento de los procedimientos policiales y técnicas forenses de investigación”.
Compra-venta de coches
El presunto pederasta se dedicaba a actividades mercantiles y compraventa de vehículos y tecnología, lo que hacía que tuviese una amplia gama de coches a su disposición y haya utilizado diferentes en sus agresiones a las menores. También tenía una “acusada afición” al culturismo y las artes marciales y era una persona violenta, “con relaciones incluso con el crimen organizado”.
La detención tuvo lugar a las 7.37 horas de ayer en Santander, ciudad a la que había huido dada la presión policial y alarma social generada en Madrid. Allí, estaba controlado desde hace dos semanas por agentes de la Policía, que esperaban que reuniera la suficiente carta probatoria para poder efectuar su detención.
La denominada ‘Operación Candy’ está en manos del Juzgado de Instrucción Número 10 de Madrid, que trabaja con diferentes atestados instruidos desde hace un año. El detenido actuaba en la zona noreste de Madrid, en los distritos de San Blas, Ciudad Lineal, Moratalaz y Hortaleza y el municipio de Coslada.
Escenarios
Para los raptos, contactaba con menores con las que no había tenido ninguna relación previa y abusaba de ellas en su vehículo o en una vivienda familiar que estaba desocupada. Este inmueble, junto a una habitación de la casa de su madre, van a ser registrados próximamente por la Policía para encontrar más pruebas.
Las menores eran sedadas mediante narcóticos y después limpiadas o duchadas para eliminar rastros forenses, lo que sumado a los pocos o poco veraces testimonios disponibles y la ausencia de imágenes, hicieron muy difícil la operación. De hecho, el ministro aseguró que la Policía no se había enfrentado antes a un caso de semejante complejidad.
También descartó la presencia de imitadores, aunque el jefe de la Brigada Policial de la Policía Judicial de Madrid reconoció que, “desgraciadamente”, se producen casos similares de abusos a menores a diario.
