Cumpliendo una tradición de la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Barack Obama, dejó ayer sin efecto la parte más polémica del embargo contra Cuba y mantendrá durante seis meses más la suspensión de los efectos de uno de los artículos más controvertidos de la Ley Helms-Burton, que a mediados de la década de los 90 intensificó el embargo sobre la isla.
El mandatario envió un comunicado informando de que, a partir del 1 de agosto, se prorroga medio año la suspensión del artículo que permitiría presentar demandas contra empresas y personas que usufructen propiedades norteamericanas que fueron incautadas por el Gobierno cubano.
La Casa Blanca mantiene así sin efecto ese artículo de la ley, que cuando fue firmada en 1996 por el entonces presidente Bill Clinton, generó multitud de protestas en Canadá y en algunos países europeos que, por entonces, eran los principales socios comerciales de La Habana. Con un lenguaje similar al utilizado por sus predecesores, el demócrata aduce en su misiva que la acción es «necesaria para el interés nacional de EEUU y acelerará la transición democrática en Cuba».
La resolución se ha anunciado justo cuando se acaban de iniciar los contactos en Nueva York entre los Ejecutivos de ambos países para la renovación del acuerdo migratorio, aunque fuentes de la Casa Blanca descartaron establecer un vínculo entre estos temas y reconocieron que la suspensión semestral es ya una tradición. Desde la aprobación de la ley, todos los líderes han aprobado cada medio año, y de manera rutinaria, la prórroga de la anulación de la sección III del documento.
Esta decisión ha evitado a Washington choques con algunos de sus más importantes aliados, quienes se quejaron de que equivalía a dejar a sus países a merced de una ley estadounidense. De hecho, las potenciales demandas que podrían presentarse contra Cuba de no existir la suspensión presidencial alcanzarían cifras astronómicas. Se estima que, a principios de los años 60, el naciente Gabinete de Fidel Castro confiscó propiedades de compañías norteamericanas por valor de 2.000 millones de dólares. Éstas pertenecían a empresas como Coca-Cola, Texaco, Colgate o ATT y valdrían unos 15.000 millones a precios de hoy. Además, muchos cubanos, hoy estadounidenses, dejaron en la isla unos 80.000 millones de dólares en propiedades y empresas, también intervenidas.
La Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubanas, o Helms-Burton, fue promocionada por el entonces senador republicano Jesse Helms y el representante Dan Burton. Como la norma impide a la Casa Blanca restablecer relaciones diplomáticas con La Habana mientras los hermanos Castro estén en el poder, cualquier modificación en la política hacia el territorio debe contar con el visto bueno parlamentario.
Ésa era una de las razones que llevaron a Clinton a no firmarla. Pero en febrero de 1996 se vio forzado a hacerlo tras el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por parte de la fuerza aérea comunista, acción en la que murieron cuatro cubano-estadounidenses. La indignación entre la opinión pública terminó forzando a la adopción de la norma, que ha dificultado cualquier revisión de la política hacia la isla.
