A la cola en rendición de cuentas. Así está la provincia de Segovia, según el informe anual del Consejo de Cuentas sobre las correspondientes al sector público local de Castilla y León en 2012, presentado recientemente en la Cortes. La culpa la tienen 92 entidades locales, principalmente ayuntamientos y mancomunidades, que no rindieron la Cuenta General de ese ejercicio, el último fiscalizado por el citado Consejo.
Si bien la Diputación y el Ayuntamiento de la capital las rindieron antes de que finalizara el año 2013, el informe los señala expresamente porque lo hicieron fuera de plazo, aunque por pocos días. La normativa establece que la Cuenta General debe rendirse ante este organismo antes del 31 de octubre del ejercicio siguiente. Fuera de plazo también presentaron sus cuentas otros 23 ayuntamientos de la provincia, entre ellos cinco con más de 1.000 habitantes: El Espinar, Riaza, Ayllón, Turégano y San Cristóbal de Segovia.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León, creado en el año 2002, es la institución autonómica encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad. Es un órgano dependiente de las Cortes regionales, con sede en Palencia, actúa con total autonomía y debe pronunciarse con claridad y transparencia sobre la legalidad, regularidad y eficacia en el uso y gestión del dinero público.
En dos ocasiones, 2005 y 2012, han visitado la provincia los presidentes de este Consejo para intentar sensibilizar a los cargos públicos de la obligación que tienen las entidades locales para con el Consejo y, sobre todo, para con los ciudadanos.
Un simbólico ‘tirón de orejas’ se lleva en el informe sobre 2012 el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, el único con más de 5.000 habitantes de la Comunidad, junto a otros dos leoneses, dos zamoranos y un salmantino, que no rinde cuentas.
En peor situación se encontraba el de Mozoncillo, uno de los pocos, entre los que superan el millar de habitantes, que nunca había rendido cuentas al Consejo. Esa situación motivó que fuera incluido en un programa de seguimiento específico.
Su alcaldesa, Ana Rosa Bravo, explica que al llegar a la Alcaldía en 2013 —en las anteriores legislaturas era concejala de la oposición— se encontró con esta situación, que desconocía, y que se debe “a que el secretario estaba encargado de otras cuestiones que en ese momento, al parecer, se consideraban más prioritarias o urgentes. No puedo dar otras explicaciones”.
Bravo comenta que ya se ha regularizado la situación, después de mantener una reunión con responsables del Consejo de Cuentas en Palencia “para ponernos al día en tiempo y forma”, de manera que este ayuntamiento ya han presentado, en marzo de este año, las cuentas pendientes.
Análisis
El porcentaje de entidades locales que rindieron cuentas del ejercicio 2012 es en la provincia del 63,3 por ciento —del 52,2 por ciento si se tiene en cuenta las que lo hicieron dentro del plazo legal—. Este porcentaje queda lejos de la media autonómica, superior al 80 por ciento. Junto a Zamora, Segovia presenta los niveles de rendición más bajos en todos los ejercicios desde 2006, con diferencias importantes respecto al resto.
A pesar de todo, en relación con el ejercicio anterior, el año pasado aumentó un 13,8 por ciento el número total de cuentas rendidas en Segovia, aunque por debajo del que presentó de media Castilla y León (18,5 por ciento).
NO RENDIR CUENTAS YA TIENE CONSECUENCIAS
El Consejo de Cuentas de Castilla y León, admite en su último informe sobre las Cuentas del Sector Público Local que “la existencia de situaciones de incumplimiento tan reiterado de esta obligación legal —hay 56 ayuntamientos de la región que nunca han rendido cuentas—, sólo pueden explicarse por la ausencia de consecuencias reales ante dichos incumplimientos, lo que acaba amparando la actuación de aquellos gestores públicos que eluden sistemáticamente rendir cuentas de su gestión”.
Advierte, sin embargo, que las últimas normas legislativas aprobadas (Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) incluyen penalizaciones a los incumplidores. Así, por ejemplo, se contempla la posibilidad de retener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado.
El Consejo de Cuentas, en los tres últimos ejercicios fiscalizados (2010, 2011 y 2012), ha llamado a su sede a los responsables de entidades locales que han venido incumpliendo esta obligación desde el inicio de sus funciones, en el año 2003. Los tres ayuntamientos con más de 5.000 habitantes que no rindieron la Cuenta general del ejercicio 2012 en el plazo señalado, entre ellos el del Real Sitio de San Ildefonso, habían sido ya objeto de seguimiento con motivo de los trabajos del Informe Anual 2010. Este año se ha requerido también a ayuntamientos entre 1.000 y 5.000 habitantes, entre ellos los segovianos de Mozoncillo y Turégano.
El informe recoge que “todos los ayuntamientos examinados incurren en un retraso generalizado en el cumplimiento de los plazos del ciclo presupuestario, de tal forma que, con referencia al Presupuesto, se aprueba con posterioridad a la fecha límite fijada en la normativa (31 de diciembre del ejercicio anterior)”. En cuanto a la Cuenta General, su aprobación, en pocos casos se realiza dentro del plazo legal, “bien sea porque se encuentra pendiente de aprobar (42,9%), o porque la misma haya sido aprobada sobrepasando el límite del plazo legal (55,7%)”, señala el Consejo.
Los responsables municipales, por su parte, alegan que el incumplimiento se debe a sobrecarga de trabajo del secretario-interventor, baja por enfermedad del mismo, falta de aprobación de cuentas anteriores por los plenos corporativos, falta de asistencia técnica adecuada por la Diputación o problemas informáticos. Desde el Consejo de Cuentas se llama la atención sobre el hecho de que, en general, esta tarea no se comparta con otro personal administrativo del Ayuntamiento, lo que aliviaría la labor del secretario.
