El Ministerio de Hacienda retendrá recursos a Aragón y Extremadura por retrasos en el pago a los proveedores, puso en alerta a Baleares, mantendrá la alerta a Valencia y avisó a otras 8 comunidades autónomas, según las cartas que remitió el viernes la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dirigida por Antonio Beteta. De esta forma, el Ministerio inició con Aragón y Extremadura el procedimiento de retención de recursos del sistema de financiación para el pago directo a proveedores previsto en el artículo 20.6 en virtud de la aplicación de las medidas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Esta medida se adoptó después de las numerosas comunicaciones de Hacienda a estas comunidades autónomas para que redujeran a un máximo de 30 días el plazo del pago a proveedores. Las primeras advertencias se produjeron con fecha 5 y 26 de marzo de 2015 y en la última de éstas ya se ponía en alerta Pero la situación persistió y el pasado 11 de septiembre se les comunicó el inicio de la adopción de las “medidas automáticas de corrección” que prevé la Ley.
A pesar de ello, el periodo medio de pago a los proveedores ha seguido superando los 30 días, plazo máximo que prevé la normativa de morosidad. Por ello y ante el reiterado incumplimiento, Antonio Beteta remitió sendas comunicaciones a los consejeros de Hacienda de Aragón y Extremadura, Fernando Gimeno y Pilar Blanco-Morales, en las que se comunicó el inicio del procedimiento para retener “los importes a satisfacer por los recursos de los regimenes de financiación” con el objeto de “pagar directamente a los proveedores”. El secretario de Estado de Administraciones Públicas expuso en estas comunicaciones que para calcular el importe que se retendrá, el Ministerio pedirá la información en los próximos días a la Intervención General de las citadas comunidades autónomas y poder cuantificar así la parte de la deuda comercial que “se va a pagar con cargo a los recursos del sistema de financiación sujetos a liquidación”, recalcó.
Posteriormente, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local notificará a las administraciones de las comunidades autónomas el importe que será objeto de retención o deducción. Este procedimiento de retención se mantendrá para cada uno de los meses hasta que la región determinada cumpla con el plazo máximo de 30 días para pagar a sus proveedores durante 6 meses consecutivos.
