En demostración de lo bien merecido que tiene el apelativo de la Ghandi saharaui, la activista Aminetu Haidar, que ayer cumplió su octavo día en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote como protesta por su expulsión de Marruecos, ha conseguido que la causa de la ex colonia española, olvidada durante décadas, vuelva al primer plano informativo.
De hecho, su caso se convierte cada día más en un quebradero de cabeza para el Gobierno, acusado ya no solo por Haidar, que le achaca su connivencia con Rabat, sino por buena parte del espectro político. Y la situación no tiene visos de solventarse, por cuanto que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ofreció ayer una solución que, de antemano, la activista ya ha rechazado de plano, puesto que solo admite ser devuelva a El Aaiún, «con o sin papeles». El jefe de la diplomacia declaró que, o bien Haidar pide un nuevo pasaporte marroquí o reclama el estatuto de refugiada en España. Tras admitir que le «preocupa» la situación de la defensora de los Derechos Humanos, el socialista aclaró que el Ejecutivo patrio no puede hacer nada más por ella que concederle el estatuto de refugiada política para que pueda volar al Sáhara, si rechaza, como ha sucedido hasta ahora, tramitar documentos del reino alauita.
Moratinos insistió en que el Gobierno cumplió con la legalidad aceptando la entrada de Haidar en España «por razones humanitarias» tras ser expulsada del Sáhara por el país magrebí, pero señaló que las compañías aéreas no permitirán volar a la activista hasta su casa sin un «título de viaje», tal y como exige la ley.
críticas ‘populares’
Tal interpretación de los hechos no es compartida en absoluto por el PP, que, a través de su portavoz de Inmigración, Rafael Hernando, tachó de «auténtico despropósito» las soluciones planteadas por Exteriores, e insistió en que el Ejecutivo debe devolver a Haidar Marruecos y dejar de ser «cómplice» de los «caprichos» de las autoridades del régimen de Mohamed VI.
Hernando subrayó que si la activista está en Canarias es gracias a la «colaboración» del propio Moratinos con Marruecos y su tarea «represiva». Según denunció popular, el jefe de la diplomacia ha estado incumpliendo «desde el primer momento» la Ley de Extranjería, que establece que la tenencia de pasaportes y DNI es indispensable para entrar en España, y no puede ser sustituida «en ningún caso» por una tarjeta de residencia, ni tan siquiera por razones humanitarias.
A las críticas, si bien con enfoques algo distintos, se sumaron diversos actores e intelectuales, como Javier Bardem, Willy Toledo y el escritor Eduardo Galeano, así como el líder de IU, Cayo Lara, quien exigió a Moncloa que resuelva urgentemente la situación de Haidar, porque al aceptar su expulsión «ilegal» por parte de Marruecos, ha incurrido en una «ilegalidad cómplice».
