Más de 150 personas se concentraron ayer en la plaza de Fuente Dorada de Valladolid para reclamar una serie de garantías para los pacientes en el acceso a los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, hacer un balance de la situación de la patología en España y dotar de una estructura organizativa y presupuesto propio al plan de actuación contra esta enfermedad.
Asimismo, solicitaron a la Junta de Castilla y León que presione al Gobierno que preside Mariano Rajoy para que se comprometa al acceso universal al tratamiento y poner a disposición de Sanidad los recursos humanos financieros necesarios para diagnosticar y tratar la afección.
Igualmente, reclamaron que el Ejecutivo central contemple que la situación actual de la hepatitis C requiere un plan “urgente” y que considere “todas” las circunstancias de esta enfermedad.
El manifiesto, leído por el escritor Gustavo Martín Garzo, elevó la reclamaciones hasta el Parlamento Europeo, institución a la que reclamaron el reconocimiento de esta dolencia como un “problema” urgente de salud pública, de la Comisión y el Consejo.
Además, se incidió en la necesidad de que la Eurocámara tome todas las medidas necesarias para un acceso universal a los medicamentos a un precios “razonable”, para impedir que la “voracidad” de la industria farmacéutica derive en un “racionamiento irracional” de estos fármacos . “Nadie está solo, ser hombre es vivir en comunidad junto a los otros seres humanos, luchar para que desaparezca el sufrimiento que puede ser evitado, buscar esa felicidad que sólo al lado de otros se encuentra”, concluyó el manifiesto.
Sin esperanzas
En representación de la plataforma de Afectados por la hepatitis C en Valladolid, Luis Miguel Durán afirmó que, por parte de la Consejería de Sanidad, “esperan poca cosa”, pues su titular, Antonio María Sáez Aguado, no ofreció ningún “plan claro” que aborde el tema con la correspondiente“seriedad”.
Hasta la fecha, según Durán, Sáez Aguado mantiene que “no pasa nada”, y así se lo hace llegar a los afectados, por lo que el discurso se divide en “dos partes”: una, la de los que conviven que con los afectados, y otra, la “realidad” que se ve desde las instituciones.
En cuanto a las posibles restricciones, circunstancia que la Consejería niega aunque sí reconoce la aplicación de criterios sanitarios en función del tipo de enfermo y la dispensación de medicamentos según el caso, Durán afirmó que esto está “fuera de la realidad”, pues los facultativos “no quieren tener enfermos en sus consultas” y ahora disponen de un medicamento que cura el 90 por ciento de los casos, por lo que “si tuvieran acceso se lo darían a las personas”.
Hasta la fecha, según recordó, “sólo” hay estimaciones hasta que se elabore un censo. Así, se calcula que en España hay 900.000 personas afectadas, de las cuales, 550.000 están enfermas y sólo 200.000 diagnosticadas.
En cuanto a nuevas reivindicaciones, Durán anunció la posibilidad de interponer denuncias y otras movilizaciones, aunque se decidirá esta semana.
