La crisis provocada por Aminatu Haidar podría estar entrando en su recta final después de que los todopoderosos EEUU hayan mostrado su disposición a tomar cartas en el asunto y, a buen seguro, logren convencer a Mohamed VI para que dé su brazo a torcer y permitan el regreso a El Aaiún de la activista.
Pero, entretanto, la polémica amenaza con llevarse varios jirones de la ya dolorida piel del Gobierno, que se ha convertido en el blanco de todas las críticas. De hecho, el Ejecutivo ha tardado cuatro semanas en ofrecer una explicación, por lo demás poco convincente -como lo hubiera sido cualquiera que llegase con semejante demora-, acerca de la controvertida autorización para que la saharaui pudiera recalar en Lanzarote, donde, por vigesimosexto día consecutivo, continúa en huelga de hambre.
Según lo relatado ayer por el propio Zapatero, la entrada de la activista, con un permiso de residencia expedido por razones humanitarias como única documentación, la gestionaron «autoridades administrativas», y se produjo «conforme a la ley». «No hay ninguna autoridad política que esté en el día a día dedicada a esas cuestiones», aseguró el socialista. Tal argumento fue refrendado por la vicepresidenta De la Vega, quien precisó incluso un poco más al responsabilizar a «la Policía de fronteras».
Salvada la espinosa cuestión, el inquilino de Moncloa reiteró que descarta la mediación del Rey ante el régimen alauita, y defendió que se actúe «con prudencia» y «responsabilidad» cuando se trata de tareas que pueda asumir el jefe de Estado en el ámbito de las relaciones exteriores.
También desechó las gestiones reales el vicepresidente Chaves, que justificó el veto porque el Gobierno tiene la «responsabilidad» de «preservar su figura y su proyección exterior». Además, a juicio del andaluz, la imagen de España se «fortalece» y gana prestigio ante la comunidad internacional al tratar de solucionar un «problema» como el de la activista.
Tal análisis mereció una contundente réplica de la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, quien consideró que las palabras del ministro son «una broma de mal gusto, porque, precisamente, la actuación del Gobierno está siendo lamentable, teniendo en cuenta que todo el problema nace, además, de un error de las autoridades españolas y por el incumplimiento de nuestra propia ley».
Aún más radical fue el desmentido de la abogada de Haidar, quien contradijo expresamente a Zapatero al sentenciar que la llegada a España de su clienta «fue contraria a derecho» y fruto de pactos políticos con Marruecos. «El policía de frontera le dijo claramente -cuando se negó a bajar del avión-: ‘Señora Haidar tengo orden de darle la bienvenida y obligarla a entrar a España’», explicó la letrada.
