El ex líder de Batasuna Arnaldo Otegi, al que se juzgaba por su participación en el ya célebre mitin de Anoeta, aportó ayer en la Audiencia Nacional nuevos indicios que apuntalan la tesis de que el Gobierno ultima una inminente rehabilitación política de los lacayos políticos de ETA, basada en una suerte de semi condena del terrorismo que ni siquiera implicará la expresa e inequívoca censura de los asesinatos. Así, el subalterno de los pistoleros, se vio obligado a recurrir a cuanta metáfora eufemística le pasó por la cabeza para que su desmarque de la violencia no pueda herir ni un poco la sensibilidad de sus superiores. «Quiero volver a reseñar con carácter absolutamente claro, nítido, prístino, que nosotros hemos hecho una apuesta por las vías pacíficas y democráticas, que nosotros rechazamos el uso de la violencia para imponer un proyecto político, que nosotros abogamos por un proceso de soluciones democráticas», sostuvo literalmente Otegi durante su turno de última palabra al término de una vista que podría traducirse, si se atiende la petición de la Fiscalía, en una condena de 18 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo.
Ese presunto arrepentimiento del proetarra debía eclipsar la también controvertida declaración como testigo del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, que subió al estrado a petición de la defensa del terrorista, que sostiene la tesis de que el acto celebrado en el velódromo donostiarra el 14 de noviembre de 2004 y la propuesta política que allí presentó Batasuna fueron previamente acordados con el PSE.
Y parece que así fue, puesto que el compañero de Rodríguez Zapatero le explicó al juez que, en efecto, conocía con antelación de la declaración que se iba a hacer pública. Eso sí, añadió que ese mismo conocimiento lo tenía «media España», porque la izquierda abertzale se había encargado de difundir el texto.
Una vez realizado su servicio político, el socialista tuvo buen cuidado de eludir posibles problemas legales y negó categóricamente que tuviera «idea alguna de en qué iba a consistir el acto», en el que, según puntualizó, no estuvo presente.
«Yo conocía una declaración que se iba a presentar, que la conocía yo creo que media España, porque la divulgaron, informaron a los periodistas, a los políticos… En fin, creo que no era ningún secreto, vamos», sostuvo Eguiguren, cuya declaración no dio mucho más de sí porque el presidente del tribunal vetó la mayoría de las preguntas que le formuló la abogada de Otegi y ni la Fiscalía ni el representante del Foro Ermua interrogaron al dirigente del PSE.
A falta de más interés dentro de la Audiencia, el picante lo tuvo que poner, ya en las calles de Madrid, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, quien denunció haberse sentido «agredida y amenazada» por Rafaela Romero, esposa de Eguiguren, que se le acercó y, dándole dos «golpes» en la mano le espetó después de que su marido declarara ante el juez: «Ángeles, el día que nos maten no lloréis». «A nosotros ya nos han matado», fue la inmediata contestación de Pedraza.
