El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Taib Fassi Fihri, sostuvo ayer que el Gobierno de Rabat «no hará ninguna concesión» en el caso de Aminatu Haidar, en huelga de hambre desde el 16 de noviembre para exigir su regreso a El Aaiún, y calificó la actitud de la activista saharaui de «chantaje», y de ser la protagonista de una «maniobra orquestada por Argelia y el Polisario».
La postura de Haidar, según Fassi Fihri, no es una cuestión humanitaria, sino «una decisión política tomada en otra parte para impedir la reanudación de las negociaciones» sobre el contencioso del Sáhara, afirmó.
El ministro añadió que toda la crisis está construida desde cero, aunque aseguró que no es más que un «inútil intento de suscitar la caridad internacional».
En cuanto al acceso a territorio marroquí, agregó que «es una cuestión que obedece evidentemente a una normativa que todos deben respetar». Por ello, señaló que es imposible «responder al chantaje».
Asimismo, el ministro marroquí de Economía y Finanzas, Salahedín Mezuar, instó a los partidos políticos españoles a que «dejen de utilizar» este caso con «fines electoralistas».
El caso de Haidar llegará hoy a la Casa Blanca, en un intento de resolver la situación de esta defensora de los Derechos Humanos, cuyo estado de salud de debilita poco a poco.
La reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, estaba prevista desde hacía días para tratar un amplio abanico de cuestiones en víspera del comienzo del mandato español de la UE el 1 de enero, pero las circunstancias han obligado a incluir en el orden del día el asunto de Haidar.
Y es que la activista se encuentra «muy débil», después de 28 días sin comer, y habla «con un hilo de voz», según explicó ayer Pedro Barbadillo, el periodista español que fue retenido el 13 de noviembre cuando llegó con ella a El Aaiún, tras visitarla en el aeropuerto de Lanzarote. Barbadillo añadió que «está muy fuerte de ánimo y de espíritu, pero muy débil de fortaleza física».
Por su parte, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, calificó de «impecable» la gestión del Gobierno en este caso, desde el punto de vista político y humanitario, y garantizó que el Ejecutivo «no va a tirar la toalla».
Chaves insistió en que su entrada en España fue «absoluta y escrupulosamente legal» y recalcó que si el Gobierno se hubiese negado a ello habría sido duramente criticado.
