La Concejalía de Urbanismo ha elaborado una memoria valorativa que estima que el coste del derribo de los miniapartamentos de la finca de la sociedad Hontanilla del Eresma, entre IE Universidad y la Alameda del Parral, rondará los 60.000 euros.
Así lo señaló ayer a EL ADELANTADO el concejal Alfonso Reguera, quien puntualizó que el Ayuntamiento intervendrá subsidiariamente si, una vez cumplido el plazo de tres meses establecido por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), los responsables de la citada sociedad no llevan a cabo el derribo de los habitáculos ilegales.
Reguera añadió, además, que esa intervención debe limitarse a las construcciones no recogidas en la licencia municipal, por lo que los muros de contención deben respetarse.
Como se recordará, el pasado mes de abril la alcaldesa, Clara Luquero, se hacía eco públicamente de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL que confirmaba la condena a Hontanilla de Santo Domingo y obliga a esta sociedad a demoler los 46 miniapartamentos que construyó en una huerta del valle del Eresma, al considerar que se cometió una irregularidad urbanística calificada como falta administrativa muy grave.
Como ya anunció la alcaldesa en ese momento, en el caso de que el Ayuntamiento tenga que derribar los miniapartamentos con recursos propios, reclamará después judicialmente a la sociedad sancionada el importe de los gastos.
Fue a mediados de mayo cuando el Ayuntamiento solicitó la ejecución de la sentencia por parte de la sociedad Hontanilla de Santo Domingo para restablecer así la legalidad y también cursó orden para que liquidara la sanción impuesta por la Sala de lo Contencioso, que en este caso asciende a 210.000 euros.
En este sentido, es también a mediados del mes de agosto cuando finaliza el plazo para el derribo de los miniapartamentos.
El expediente municipal, entre otras medidas, niega la legalización de una pequeña caseta no incluida en el proyecto, un tercer muro de hormigón, igualmente no amparado por la licencia, machones de ladrillo —acabados de las fachadas de los muros— y todas las obras que perseguían hacer habitables el interior de los dos muros de contención autorizados.
Además, como medida cautelar, contempla el relleno con tierra de todos los espacios adaptados para ser habitados, paso previo al sellado con un muro de fábrica, que sí está autorizado.
