Aunque el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, informaba a EL ADELANTADO el pasado martes que las obras para demoler los miniapartamentos ilegales construidos en una huerta del valle del Eresma comenzarían la semana que viene o la siguiente, la alcaldesa dijo ayer que “será más bien a primeros de octubre”.
El motivo de esta demora parece ser la tramitación de la modificación presupuestaria necesaria para afrontar el coste económico de esta intervención, 79.000 euros, que el Ayuntamiento asume subsidiariamente después de que los tribunales hayan confirmado la ilegalidad de las edificaciones ejecutadas por la sociedad Hontanilla de Santo Domingo en 2006.
Sin embargo, la alcaldesa no pudo determinar ayer si será necesario elevar al pleno de la corporación esa modificación presupuestaria o será suficiente que la apruebe la Junta de Gobierno Local.
Sanciones económicas
Luquero también confirmó que, hasta ayer, no habían pagado las sanciones económicas que fijó el Tribunal Superior de Justicia, y que suman en total 350.000 euros, ni los actuales responsables de la sociedad, ni el arquitecto y el aparejador de la obra, como responsables todos ellos de una infracción urbanística “muy grave”.
Por ese motivo, Luquero se mostraba escéptica respecto a las posibilidades de recuperar el dinero invertido en la demolición de los miniapartamentos.
La alcaldesa admitió que a ella misma le había llamado la atención la elevada cuantía de estas obras, pero comentó que le habían explicado que, al tener que respetarse los muros de contención que sí contemplaba la licencia municipal de 2005, tendrán que ser operarios los que realicen manualmente los trabajos de retirada de azulejos, instalaciones de calefacción, etc., y rellenar después los huecos con arena antes de sellarlos. “Eso tiene unos costes importantes de mano de obra”, añadió.
OTRAS ACTUACIONES
La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Segovia acordó ayer una derrama extraordinaria de 84.000 euros para hacer frente a las obras previstas por las comunidades de propietarios de los números 3, 5, 7 y 9 de la calle de la Dehesa, ya que el municipio es propietario de 35 de las viviendas de esos edificios. La alcaldesa, Clara Luquero, indicó que “como copropietarios, tenemos que asumir esas mejoras acordadas en por las comunidades de vecinos”.
Por otra parte, el Ayuntamiento procederá a derribar el edificio municipal de la calle Doctor Víctor Sanz Gómez, en la proximidad de la antigua estación de ferrocarril, lo que supondrá un coste de 5.887 euros, según el proyecto de obras aprobado también ayer en la reunión de la Junta de Gobierno Local. La alcaldesa mantuvo que es una actuación necesaria porque se trata de dos viviendas en estado ruinoso.
