El Gobierno ha decidido, por fin, plantar cara con firmeza a la economía sumergida en España. Para ello, la Agencia Tributaria pondrá en marcha este año un programa que luchará contra este tipo de actividad económica estrechando el cerco sobre las personas que perciben rentas sin declarar y que, al mismo tiempo, cobran el paro u otras prestaciones de la Seguridad Social, según el Plan de Control Tributario 2011 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El proyecto contempla también incrementar las actuaciones de carácter presencial, con visitas a locales y negocios para detectar el supuesto fraude.
Los profesionales, la economía sumergida y la ingeniería fiscal centrarán la actuación de la inspección a lo largo de este año. De este modo, interventores de Hacienda se personarán en locales situados en señaladas áreas geográficas o en las que se desarrollan actividades propias de determinados sectores económicos.
Los auditores también analizará la información sobre actividades económicas que se intercambia con la Seguridad Social, y hará uso de la nueva declaración informativa sobre terminales de tarjetas de crédito y sobre el consumo de energía eléctrica para detectar negocios sin declarar. Además, tratará de identificar a trabajadores «falsamente autónomos».
Demasiado ricos
Asimismo, se contempla el control sobre las actividades derivadas de la importación de bienes procedentes fundamentalmente de Asia y otros terceros países, así como la investigación de canales de comercialización de los bienes importados, incluyendo actuaciones de carácter presencial. El Plan de Control Tributario 2011 vigilará las actividades profesionales a través de los signos externos de riqueza que permitan el descubrimiento de ingresos no declarados y de las facturas falsas de IVA. También se prestará especial atención al uso de billetes de alta denominación (importes especialmente elevados), así como a la detección de falsas empresas subcontratistas.
Hacienda prevé también realizar visitas a declarantes en módulos para obtener indicios de prácticas fraudulentas, como dividir artificialmente su actividad entre varios sujetos con el fin de eludir la exclusión de este régimen.
Otro de los objetivos será la lucha contra la deslocalización y la planificación fiscal abusiva. De este modo, Hacienda intensificará el control sobre centros de planificación que comercializan productos dirigidos a la defraudación fiscal, prácticas financieras que pueden propiciar la opacidad de cuentas y actuaciones que persiguen la acreditación indebida de gastos financieros, sobre todo intragrupo, para reducir o eliminar bases imponibles a tributar en España.
