Cinco hombres fueron acusados en el día de ayer por su presunta relación con el ataque islamista que tuvo lugar el pasado 2 de abril en la Universidad de Garissa, en el noroeste de Kenia, y en el que murieron 148 estudiantes.
Cuatro hombres de nacionalidad keniana y un tanzano fueron acusados en un tribunal por conspirar para cometer “un acto terrorista en la Universidad de Garissa” y otros delitos relacionados, según documentos mostrados por el tribunal. De momento, son las únicas personas acusadas formalmente por el ataque.
El magistrado del caso, Daniel Ogembo, informó de que el próximo 11 de julio se celebrará una audiencia para dictaminar si concede la libertad bajo fianza a los acusados del peor ataque que sufrió el país africano desde la bomba de Al Qaeda en la Embajada estadounidense en 1998.
El asalto al campus de Garissa por parte de miembros de la milicia terrorista Al Shabaab aumentó la presión sobre el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, para que incremente las medidas de seguridad en las fronteras y en otras regiones del país. El mandatario recibió fuertes críticas por no hacer demasiado para frenar la avalancha de ataques islamistas.
Algunos diplomáticos y expertos señalan que los servicios de seguridad keniatas no se coordinan adecuadamente debido a rivalidades y a las tácticas de detenciones masivas que aplica la Policía, que socavan los esfuerzos para crear una red de inteligencia sobre las células milicianas.
Los efectos del ataque todavía se sienten en el condado de Garissa, donde casi dos tercios de los colegios se vieron obligados a cerrar, ya que los estudiantes, muchos de ellos de otras regiones, no quieren desplazarse hasta allí, según informaron las autoridades locales.
“Hay alrededor de 96 escuelas que han cerrado en un lapso de un par de semanas debido al temor por la seguridad”, afirmó el comisionado del condado de Garissa, Harun Rashid Jator, a lo que agregó que en total son más de 150 colegios de primaria y secundaria en todo el condado.
Alrededor de 1.300 profesores trabajan en colegios y muchos de ellos rechazan regresar a sus puestos, siendo los centros de primaria los más afectados por la decisión. Jator aseguró que además los esfuerzos por contratar a nuevo personal que revierta la precaria situación escolar está teniendo “una respuesta muy pobre”.
El gobernador del condado, Nathif Jama, informó por su parte que se está pidiendo ayuda al Gobierno central de Kenyatta, y que la escasez de centros educativos abiertos “va a afectar a la economía futura y a la vida social en este área si el Gobierno nacional no lo afronta con urgencia en este mismo momento”.
