La Junta de Castilla y León ha anunciado que impugnará el Real Decreto de 14 de noviembre de 2011 que regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras por entender que “invade competencias, elimina cotos y causa un impacto en el colectivo de 180.000 pescadores con licencia” en la comunidad autónoma.
Así lo avanzó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien informó de que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha iniciado ya la vía contencioso administrativa para que se declare nulo y se suspenda la vigencia de la normativa.
“La Junta de Castilla y León siempre ha rechazado el decreto e incluso confío en que no sería aprobado por parte del anterior Gobierno socialista, si bien una vez que se ha producido también se ha puesto en contacto con el actual Ejecutivo del PP y, además, la Consejería competente ha convocado a otras de las comunidades para analizar el asunto”, explicó De Santiago-Juárez.
Para el Gobierno de Castilla y León, según detalló su consejero portavoz, la aplicación de esa norma es “perjudicial, invade competencias sobre repoblación de trucha y hucho, elimina cotos intensivos y, además, causa un perjuicio a las arcas autonómicas”, que ingresan ahora 425.000 euros por los cotos.
El calendario que abre ahora la Junta es una reunión con comunidades, la comunicación al Gobierno central de su oposición y de la presentación, por una orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de un requerimiento previo a la vía contencioso administrativa para la impugnación del decreto.
Según el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Zapatero, las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo, circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas especialmente vulnerables como son las islas y las aguas continentales. La introducción de estas especies invasoras puede ocasionar graves perjuicios a la economía, especialmente a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a la salud pública, sostiene la normativa.
La Junta reprueba de ese decreto que no se pueda repoblar trucha arco iris o huchos y que el pescador pueda incurrir en un delito medioambiental si transporta lo que ha pescado.
