El Gobierno ha decidido suprimir 29 empresas públicas -que hasta ahora eran 106- y también 32 altos cargos de los distintos ministerios, según el plan de racionalización del sector público aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
La reestructuración del sector público empresarial consiste en la desaparición de catorce sociedades mercantiles y la fusión de otras veinticuatro, y también se suprimirán la mayoría de las fundaciones. Con estos cambios, habrá una reducción de más del 27% para el número de sociedades públicas.
Mientras, los 32 altos cargos del Gobierno que desaparecen son ocho directores generales, un secretario general y catorce organismos autónomos con rango de director general.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, admitió hoy que el ahorro de 16 millones que se conseguirá con la reducción de empresas públicas y de altos cargos no es una cifra elevada, pero subrayó que no es ésa «la variable más importante», y sí la eficacia que se ganará con la medida.
En la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Salgado subrayó que el sector público empresarial tiene algo más de 100.000 trabajadores, que van a seguir formando parte de él independientemente de que se lleven a cabo los procesos de fusión o eliminación de sociedades.
Asimismo, indicó que el ahorro directo de la reducción de consejeros y puestos directivos de las empresas y entidades públicas se conocerá a final de año, cuando se analizará lo no gastado en alquileres y otros ámbitos.
Salgado afirmó que lo mismo ocurre con los altos cargos, porque en ese caso la mayoría de directores generales son funcionarios y las funciones que desarrollan pasan a desempeñarse por otros órganos.
En este sentido, fuentes gubernamentales aseguraron que la reducción de altos cargos supondrá un ahorro de 4 millones, un recorte que reconocen que no es elevado pero que consideran que tiene un importante valor simbólico.
