La Junta de Castilla y León pasa de las palabras a los hechos. Tras las críticas políticas, llegará hasta los tribunales en su lucha por que no se implante el copago farmacéutico en los hospitales decidido por el Ministerio de Sanidad. Como paso previo, la Consejería que dirige Antonio María Sáez Aguado presentó ayer un requerimiento formal para que el Gobierno lo retire. «Vamos a ver qué ocurre, ya el escrito presentado se puede interpretar como recurso de alzada y en la medida de la respuesta se darán los siguientes pasos», advirtió en declaraciones a este periódico.
«Es conveniente ir por pasos. Esto no significa irnos a las barricadas Primero el político, luego la vía judicial pero no estamos hablando de ninguna insumisión», añadió Sáez Aguado quien destacó la solidez de los argumentos jurídicos en los que se fundamenta el recurso.
El primer motivo de la impugnación es que no puede considerarse que una resolución administrativa tenga rango suficiente para cambiar las condiciones de financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. También se considera que la Dirección General de Farmacia no tiene competencias para actuar en este sentido, «debería ser el Ministerio o el Gobierno», sostuvo el consejero.
Desigualdad
Y, finalmente, los criterios técnicos utilizados para la selección de los medicamentos que tienen este tipo de aportación dan lugar a inequidad en pacientes con el mismo tipo de patología. «El hecho de incluir unos fármacos y otros de un mismo tratamiento, puede provocar desigualdades entre los pacientes. Se trata de una cuestión que no es menor», añadió.
El consejero de Sanidad, que participó en la Conferencia de Presentación de los Pactos para la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud tuvo la oportunidad de informar personalmente a responsables del ministerio las nuevas medidas tomadas por la Junta, aunque ayer no trató esta cuestión directamente con la ministra Ana Mato. No obstante, ella ya conoce la posición contraria de la Comunidad, y ya reprochó en una llamada a Sáez Aguado las críticas contra la medida, especialmente la proposición no de ley presentada por el PP contra el copago hospitalario que mañana se debatirá en las Cortes, como forma presión para aplicar la posición crítica.
Posición de Comunidad
Lejos de dar macha atrás, el consejero de Sanidad espera que en el Pleno se produzca un respaldo de todos los grupos. «Sería bueno disponer de una posición de Comunidad en esta materia», indicó Sáez.
Además de la iniciativa de los populares el PSOE presentó otra que va más allá en las reclamaciones. Incluía la vía judicial, que ya se ha comenzado a explorar con este requerimiento formal, e incluso que la Junta buscase la forma de devolver a los pacientes el dinero que tuvieran que pagar con el nuevo copago.
Respecto a esta última cuestión, Sáez Aguado se mostró más escéptico con el precedente de la resolución del Tribunal Constitucional que obligó al País Vasco a aplicar el copago farmacéutico con el argumento de que se producían desigualdades entre los propios ciudadanos.
De momento, Castilla y León no es la única Comunidad que se ha mostrado en contra del copago. El parlamento de Navarra también se ha pronunciado en contra, así como el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, quien el pasado jueves mostró su intención de que en Extremadura «no haya copago hospitalario», y en caso de que lo haya, que «no repercuta en ningún caso en nuestros pacientes», dijo tras la reunión de su Consejo de Gobierno.
La publicación del decreto del copago de fármacos en los hospitales, sin previo anuncio, cogió por sorpresa a la Junta ya que era en un momento de reuniones técnicas entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas. Estos fármacos tendrían una aportación reducida, con un máximo de 4,2 euros, siguiendo el modelo que se aplica en las oficinas de farmacias a los medicamentos con receta, aunque no se ha precisado si se facturaría esta cantidad por dosis o envase. Así, Sanidad calcula que sólo obtendría unos 200.000 euros, «una cuantía pequeña», por lo que quizás no es una «medida adecuada». Además, la Junta sostiene que este tipo de productos no precisan de un efecto disuasorio, más bien todo lo contrario, ya que su suspensión perjudica al paciente.
