Los accidentes laborales se cobraron la vida de 17 personas en Castilla y León durante el primer semestre del año, una cifra que supone dos fallecidos más que en el mismo periodo de 2011 (13,3 por ciento más), principalmente sostenido en el negativo mes de junio, en el que se produjeron hasta cinco muertes en el tajo, según un documento de la Consejería de Economía y Empleo. Además, se contabilizaron 105 sucesos con heridos graves y 10.025 con leves, lo que deja un total de 10.147 accidentes laborales, un 23,02 por ciento menos que el pasado año (-3.035).
En el ámbito de los sucesos mortales, el sector de la industria se llevó la peor parte durante este periodo, con siete fallecidos. Le siguió la construcción, con cinco, los servicios, con cuatro, y el sector agrario, con un muerto. Por provincias, Salamanca aglutinó casi una tercera parte del total, con cinco. A continuación, el mayor número de accidentes mortales tuvieron lugar en Burgos y León, con tres cada una, Segovia y Valladolid, con dos, y Palencia y Soria, con uno en cada caso. Destacan Ávila –donde no se registraron muertos de carácter laboral ni en los seis primeros meses de 2011 y 2012-, así como Zamora, también con cero.
Por otro lado, los centros de trabajo registraron 105 siniestros graves, con un descenso del 20,4 por ciento (27 menos), y 10.025 leves, que representan una rebaja del 23,09 por ciento respecto al periodo enero-junio de 2011 (3.010 menos). De los graves, dos terceras partes se apreciaron entre las provincias de Burgos (25), León (23) y Valladolid (22), que entre las tres suman 70; en paralelo a lo que sucede con los leves, donde estas mismas suponen seis de cada diez sucesos de este tipo.
Los accidentes se redujeron en todos los sectores. En este sentido, en los servicios se produjeron 4.967, con un 20,86 por ciento menos; en la construcción, 1.438, que se traduce en una caída del 37 por ciento; en la industria se contabilizaron hasta 3.055 sucesos en el ámbito laboral, un 20,86 por ciento menos; y en la agricultura, 687 accidentes de diferentes tipos, un 12,71 menos.
Los datos de la Junta constatan, además, que en el primer semestre se produjeron en la Comunidad 1.099 accidentes ‘in itinere’, un 11,16 por ciento menos que en el mismo periodo de 2011. Esta cifra entre enero y junio supuso que tres personas perdieran la vida en Castilla y León por este motivo (cinco menos que el año anterior), y que otras 16 sufrieran heridas de gravedad (cuatro menos). A ellas se suman otras 1.080 de carácter leve (129 menos que en 2011, un 10,67 por ciento).
sindicatos. Comisiones Obreras de Castilla y León achacó el aumento de accidentes mortales en el trabajo durante el primer semestre a la falta de medidas básicas de seguridad en muchos puestos laborales, cuestión que se agudiza con la situación económica actual, que favorece el que éstas medidas de prevención y formación sean cada vez menores o incluso «inexistentes» en la mayor parte de los centros de trabajo. Ante esta tesitura, desde CCOO demandaron una mayor implicación de la Inspección de Trabajo para frenar este incesante goteo de accidentes laborales.
La central sindical alertó de que ha detectado un «subregistro» ante este tipo de accidentes, no derivado de las mejoras laborales, sino de la «ocultación» de los incidentes como accidentes «sin baja o rebajando la gravedad de los mismos para evitar investigaciones por parte de la Inspección de Trabajo». «Una vez más CCOO quiere hacer hincapié en este proceder con el objetivo de eliminar este tipo de actuaciones poco correctas», señalaron.
En relación con los accidentes ‘in itinere’, que se han reducido un 11,16 por ciento, CCOO, recordó que muchos de ellos no son computados como accidentes de trabajo o no son reconocidos como ‘in misión’, como los que puede sufrir un repartidor.
Por último, destacó que tanto los accidentes mortales, graves y leves se producen en su amplia mayoría en pequeños pueblos y localidades rurales, frente a una menor accidentabilidad en las ciudades. Por ello, CCOO consideró «necesario» un reforzamiento de la Inspección de Trabajo en los núcleos rurales para intensificar la lucha contra el fraude.
