Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal sobre los gastos de representación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y de su equipo de Gobierno entre 2011 y 2014 a raíz de la denuncia presentada por Compromís que acompañó de 466 facturas por valor de 278.000 euros y que publicó en la web ‘Ritaleaks’.
Así lo anunciaron la candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, y el candidato a la Alcaldía, Joan Ribó, en rueda de prensa, en la que señalaron que Fiscalía les trasladó este miércoles el escrito, fechado el pasado día 12, en el que acepta la denuncia contra Barberá por estos gastos “suntuarios” y “de lujo” y en el que se designa fiscal instructor para investigar estas facturas. Además, reclaman al ministerio público que solicite las facturas desde 2007 para evitar investigar hechos ya prescritos.
Oltra explicó que la denuncia se centra, en primer lugar, en que estas facturas pueden esconder “una financiación irregular del partido” ya que Barberá usó fondos del Ayuntamiento para pagar viajes a actos del PP, como asistir a conferencias en Madrid del presidente Alberto Fabra, o costear el viaje al entierro del fundador de la formación Manuel Fraga, “amigo personal” de la alcaldesa.
“Estos gastos deberían ser pagados por el PP o por la propia Barberá, que cobra como 15 mileuristas, 15.000 euros, y que puede permitirse pagar este viaje de relación personal que nada tiene que ver con el Ayuntamiento”, señaló también Oltra.
Asimismo, se denunciaba el “excesivo gasto” en lo presupuestado y que además en 2012 se duplicó por dos desde los 36.000 euros iniciales ya que la hermana de la alcaldesa, Asunción Barberá, autorizó fuera de presupuesto gastos por 64.000 euros. Por último, alertan de un posible fraccionamiento de contratos para eludir la ley que obliga a las administraciones públicas a recurrir a concurso público para contratos superiores a 18.000 euros.
Oltra considera que estos hechos pueden ser constitutivos de varios delitos contra las administraciones públicas, como uno de malversación de fondos públicos, dado que no existe el delito por financiación irregular de los partidos; tráfico de influencias en las contrataciones fragmentadas, así como prevaricación por la aprobación de facturas fuera de presupuesto. Algunos de estos delitos están penados con la inhabilitación e incluso con la cárcel.
‘Es lo que debe hacer’ Rita Barberá, por su parte, aseguró que abrir diligencias “es lo que la Fiscalía hace de ordinario y es lo que debe hacer”. La primera edil respondió a los medios leyendo un informe que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia redactaron al respecto ante la consulta formulada desde el equipo de gobierno municipal. Así, expuso que la decisión de la Fiscalía de estudiar dicha denuncia es “un acto debido” que “significa, lisa y llanamente la obligación de registrar la existencia de una denuncia, de cualquier denuncia, para comprobar si tiene relevancia penal”.
“Pero la admisión, obviamente, no quiere decir que tenga relevancia penal alguna, es una cuestión meramente de procedimiento”, continuó. Igualmente, este documento apunta que el hecho de que “la Fiscalía abra diligencias penales ante una denuncia es lógicamente la obligación legal de la Fiscalía”, dado que “es a quien corresponde velar por la defensa de la legalidad”.
Barberá considera que”estamos ante una enorme manipulación de última hora”. “Es la desesperación de la campaña manipuladora de la izquierda”, agregó, al tiempo que criticó que “se está pretendiendo engañar con el significado de esa admisión”.
