La minería española tiene fijadas las miras prioritariamente en Europa y en la manera de borrar la fecha de caducidad impuesta desde Bruselas -31 de diciembre de 2018-, pese a que el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, acaba de reafirmar que la posibilidad se presume remota. No obstante, las cuencas del país y, por ende, los casi 3.000 mineros de los pozos leoneses y palentinos no pierden de vista el escenario nacional y otra fecha, el 31 de diciembre de 2012. Ese día finaliza la vigencia del actual Plan del Carbón 2006-2012 y, por tanto, es tiempo de negociar un nuevo marco, el más complicado desde que se iniciara la reestructuración de las cuencas allá por 1990.
De cara a esa negociación, el Gobierno recién salido de las urnas se encuentra con los deberes a medio hacer y con algún que otro dardo envenenado.
Así, según explica el secretario regional del Sector Minero de FIA-UGT, José Manuel Álvarez Maestro, la Comisión de Seguimiento del plan ha determinado que las prejubilaciones para este año, aunque con retraso, están cumplidas -230 han afectado a trabajadores de Castilla y León en las últimas semanas-; también lo está la distribución de los 301,5 millones de ayudas a las empresas -cuyo pago se autorizó a través del BOE del 22 de noviembre-, mientras que ya está siendo comunicada a las correspondientes empresas beneficiarias la concesión de las subvenciones a pequeños proyectos de inversión.
Ahora bien, la cantidad de carbón autóctono a quemar en 2012 y las nuevas incorporaciones separan a las partes.
En la última reunión del órgano de seguimiento, celebrada el 11 de noviembre, el Ministerio de Industria autorizó la compra de 10,1 millones de toneladas de mineral español incentivado para 2012, pero no cedió ante la petición de la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) de elevar esa cantidad para dar salida a las 18 millones de toneladas de stock acumuladas en el país (unos 5,5 en los parques mineros, 4,5 almacenados por Hunosa y más de 7 agolpados en las instalaciones de las centrales térmicas, según fuentes de Grupo Alonso).
Fuera
Esa decisión deja también fuera de la quema de mineral nacional prevista para el próximo ejercicio los alrededor de dos millones de toneladas correspondientes a este año que, pese a estar incluidas en el real decreto aprobado en febrero para incentivar el consumo de carbón nacional, se han quedado a las puertas de las calderas de las centrales térmicas españolas.
Con ese desajuste de la programación de Red Eléctrica Española crece, pues, un poco más el ya de por sí enorme stock de carbón español. Y ello, dicen desde Grupo Alonso, a pesar de que las empresas han ido ajustando su producción a la menguante demanda, hasta el punto de que cerrarán este año con 8,7 millones de toneladas, 1,3 millones menos de lo que marcaba el propio Plan del Carbón 2006-2012 para este año.
Por otro lado, cabe recordar que la compra de esos 10,1 millones de toneladas de carbón nacional en 2012 está sujeta a una nueva resolución de desarrollo -la segunda-, del real decreto de apoyo al carbón autóctono que el Gobierno logró sacar adelante en febrero, tras superar las trabas interpuestas por algunas eléctricas y por la Xunta de Galicia, para un horizonte de cuatro años.
El nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria, también se hallará, pues, entre los asuntos pendientes y urgentes de su agenda, el de la aprobación de esa nueva resolución; y tanto empresarios mineros como sindicatos esperan que la acometa con la máxima premura, o la producción se verá bloqueada, se tambaleará de nuevo la estabilidad de las minas y de sus mineros y volverán a la memoria de los 10.000 trabajadores directos y 30.000 indirectos que, según Carbunión, conforman el sector en el conjunto de España, imágenes de hace sólo unos meses -como las de los encierros o la marcha negra-, que ninguno quiere revivir.
A esa resolución de los contratos de suministro parece estar también ligado el segundo punto de controversia y que, en este caso, separa a patronal y sindicatos, el de las incorporaciones. Las empresas han ofrecido 340 colocaciones -correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010, mientras que las relativas a este año y al del próximo se tendrían que negociar ya entrados en 2012-, pero para los sindicatos la proporción establecida de cuatro contratos por cada nueve salidas, así como las prejubilaciones de más que se han producido respecto a las previsiones iniciales, hacen necesarios muchos contratos más.
No parece estar dispuesta a dar su brazo a torcer la patronal, desde la que se esgrime que si las empresas tienen que ajustarse a unos precios y unas compras de carbón a la baja, también el resto de capítulos de la estrategia, como el de las recolocaciones, tienen que ajustarse.
Paralizados
No se vislumbra, pues, un escenario tranquilo para el ministro de Industria, José Manuel Soria, que también se encontrará con numerosos proyectos de infraestructuras planteados por los ayuntamientos mineros paralizados por la falta de crédito y con un «retraso brutal» de las inversiones para proyectos comprometidas en el Plan del Carbón que expira. Lo más grave, señala el secretario del sector en FIA-UGT, es que de esas inversiones dependen «proyectos generadores de empleo esenciales para los municipios mineros, más en estos momentos».
