Ni siquiera la insistencia del Gobierno en su empeño por exculpar de nuevo a Hugo Chávez de las cada vez mayores evidencias que relacionan al Ejecutivo venezolano con ETA pudo disimular ayer la delirante reacción del régimen sudamericano que, a través de su embajador en España, Julián Isaías Rodríguez, dijo tener «serias dudas» de que las declaraciones de dos etarras del Donosti que aseguraron haber recibido cursos de formación en Venezuela en 2008 por parte de los terroristas Arturo Cubillas Fontán, hoy alto cargo de la Administración bolivariana, y José Lorenzo Ayestaran, hayan sido «totalmente voluntarias».
«La supuesta confesión bien pudo ser arrancada irregularmente, y, si así fuera, no tendría ningún valor probatorio. Bien pudo ser una estrategia jurídica de los imputados para aminorar la pena», explicó el diplomático, que horas después, una vez lanzada la inequívoca bomba, trató de desdecirse con sutilezas dialécticas al matizar que «simplemente» hizo «conjeturas teóricas». Acto seguido, el embajador reiteró que Chávez condena «de forma contundente» el terrorismo, un argumento que sirvió como perfecta excusa al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para defender al líder populista.
A juicio del socialista, quien, no obstante, afirmó que existen «suficientes elementos» para que la Guardia Civil dé «verosimilitud» a la confesión de los asesinos, es improbable que el presidente de Venezuela o su Gobierno «tuvieran que ver con los entrenamientos a los asesinos». «Ni siquiera se puede sospechar eso», añadió el responsable de las Fuerzas de Seguridad antes de reclamar al Estado sudamericano que incremente su cooperación para luchar contra la actividad de ETA en aquel territorio.
Todavía má complaciente con Chávez se mostró, como es habitual, el Ministerio de Exteriores, que, de forma anónima, consideró «adecuada» la respuesta «contundente» del mandatario que, mediante un comunicado, desmintió cualquier vinculación con ETA, cuyas actividades rechazó «sin paliativos», y en el que afirmó que «no se puede dar credibilidad» a los testimonios aportados por «criminales sanguinarios desprovistos de calidad humana y moral».
En todo caso, el departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos filtró que «podría pedir a Caracas» que actúe judicialmente contra Cubillas, en virtud del tratado de extradición entre los dos países, que contempla la posibilidad de que Venezuela se niegue a entregar al criminal a debido a que obtuvo la nacionalidad venezolana tras haber sido enviado a ese país por el Gobierno de Felipe González.
Cabe recordar que el terrorista fue nombrado en octubre de 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura, cargo que simultaneaba con los de responsable del colectivo de etarras y coordinador de las relaciones con las FARC. Tal currículum no impresionó al embajador Rodríguez, que defendió que Cubillas «no es un alto cargo, sino que estaría en séptima u octava categoría» en una estructura ministerial.
La explicación no convenció al PP, que consideró «intolerables» las palabras del diplomático y exigió a Rodríguez Zapatero que le retire el plácet. Asimismo, a través de su portavoz de Asuntos Iberoamericanos en el Senado, Dionisio García Carnero, la formación conservadora reclamó al Ejecutivo que llame a consultas al embajador de España en Caracas, un gesto que tradicionalmente sirve para escenificar las quejas hacia otro país.
Quizá justo para tratar de desviar al atención y minimizar las consecuencias del escándalo, el ministro de Exteriores de Chávez, Nicolás Maduro, salió también a la palestra y arremetió contra la prensa española por lo que consideró «una campaña» de acoso. Asimismo, advirtió de que «la derecha» no conseguirá «su objetivo de destruir las excelentes relaciones» que mantienen ambos países.
El juez contesta a la tregua con cárcel.- Al margen de las componendas diplomáticas y políticas, la Audiencia Nacional condenó ayer a 18 años de cárcel al etarra Andoni Otegi por su participación en el atentado con coche-bomba que tuvo lugar en la localidad malagueña de Marbella el 21 de junio de 2002. Óscar Zelarain, que también ha sido juzgado por idéntico motivo, recibió idéntica pena.
La sentencia, incluso más benévola que los 20 años que reclamaba la Fiscalía, no tendría mayor trascendencia de no ser por la circunstancia de que Otegi, durante su alegato final, pidió al tribunal que «pusiera facilidades» para terminar con el «conflicto» en el País Vasco.
Tal reclamación, que de nada le ha servido, fue la primera referencia que se escuchaba en una Corte de Justicia a la presuntamente nueva situación generada por la reciente tregua de ETA.
Mientras, en contraste con el pragmatismo de los jueces, el líder del PNV, Íñigo Urkullu, hacía un nuevo alarde de ambigüedad y aseguraba que «la lectura política» de la manifestación del pasado sábado en Bilbao es que la «izquierda abertzale no está obrando a la altura de las circunstancias» y «que va a necesitar tiempo para vencer el fanatismo que le ha acompañado durante años»
En un artículo de su blog de internet titulado Acordemos, el jeltzale hacía referencia a la citada protesta, en la que se escucharon gritos e insultos al Partido Nacionalista, al que diversos proetarras tacharon insistentemente de «traidor» y «español» en las calles de la capital vizcaína.
