La ex candidata a la presidencia de Colombia y antigua rehén de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), Íngrid Betancourt, ha iniciado los trámites legales para reclamar al Estado el pago de 12.500 millones de pesos (unos 5,2 millones de euros) por supuestos errores en las tareas de protección, según informaciones difundidas ayer en la radio colombiana.
La ex congresista, liberada en julio de 2008 en el marco de la operación Jaque, ha comenzado una «acción de conciliación» presentada ante el Ministerio de Defensa. El dinero requerido al Gobierno pretende paliar los daños causados tanto a Betancourt como a su madre, Yolanda Pulecio, y a sus dos hijos.
El ministro de Defensa , Gabriel Silva, confirmó que se ha llevado a cabo la presentación del citado recurso, aunque no dio detalles de la reclamación por ser parte implicada en el proceso. Sin embargo, otras fuentes del Ministerio sí confesaron que la noticia ha cogido por sorpresa al Gobierno del liberal Álvaro Uribe.
Betancourt argumenta irregularidades en su protección y movilización, que según ella habrían derivado en un secuestro que se prolongó durante más de seis años. La política también considera que el rapto se produjo a pesar de que oficiales del Ejército le garantizaron su seguridad durante su viaje a una zona de distensión establecida para conversaciones de paz con las FARC. Sin embargo otras fuentes subrayan que sí fue advertida del riesgo que corría.
La intención de la familia de la ex candidata es poder llegar a un acuerdo amistoso con el Ejecutivo, aunque si no se diese esta conciliación, aún dispondrían de la posibilidad de presentar una demanda a través de la Justicia ordinaria. Betancourt fue liberada el 2 de julio de 2008 en una operación del Ejército que facilitó también la salida de tres contratistas estadounidenses y once miembros de la fuerza pública.
En el año 1964, un error táctico durante una operación militar colombiana contra campesinos precipitó el nacimiento de las FARC, la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Hoy, 45 años después, este grupo cuenta con unos 8.000 hombres y está considerado por varios gobiernos como una organización terrorista.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cuentan con un gran poder económico, con ingresos cercanos a los 500 millones de dólares anuales (casi 400 millones de euros), que obtienen del cobro de rescates por secuestros, de extorsiones y del narcotráfico, un negocio en el que niegan estar envueltos. Precisamente esta incursión en el tráfico de drogas llevó a los rebeldes a apartarse de la ideología marxista-leninista de sus comienzos.
Durante estos 45 años los guerrilleros han participado en cuatro negociaciones formales de paz con diferentes gobiernos. La primera tuvo lugar en 1984 con el presidente Belisario Betancur (1982-1986), la segunda con Virgilio Barco (1986-1990), después con César Gaviria (1990-1994) y, por último, con Andrés Pastrana (1998-2002), todas ellas sin resultados. El proceso de paz más esperanzador y también polémico fue el que comenzó en enero de 1999 con Pastrana, que cedió a la guerrilla una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur de Colombia para negociar.
Con la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe, en 2002, y su posterior reelección en 2006, los rebeldes han visto disminuidas sus ya sus escasas opciones de tomar el poder por las armas y han pasado por los momentos más difíciles en su historia.
Actualmente, la guerrilla colombiana tiene en su poder a unos 700 secuestrados, entre ellos varios policías y miembros de las Fuerzas Armadas colombianas.
