El comunicado dado a conocer ayer por ETA, en el que la banda anuncia un «alto el fuego permanente, general y verificable» condicionado a algún tipo de futura negociación política en pos de la independencia vasca, lejos de suscitar entusiasmo, provocó un abanico de reacciones que, con el escepticismo como denominador común, fueron desde el optimismo voluntarista hasta la más rotunda condena de «la nueva mentira» de los asesinos.
A la cabeza de aquellos que consideran insuficiente aunque esperanzador un pronunciamiento que no lleva aparejada garantía alguna se encuentra el Gobierno, que por boca de su número dos, Alfredo Pérez Rubalcaba, sostuvo que «no es una mala noticia», pero «no es la noticia» que esperaba la sociedad, porque no supone el «final» de la banda.
El también ministro del Interior proclamó durante una comparecencia ante los medios en la que no admitió preguntas que el único comunicado que los demócratas esperan de los asesinos es el que declare su «fin» y lo haga de manera «irreversible y definitiva».
A juicio del socialista, del pronunciamiento se desprende una ETA «con las mismas pretensiones que siempre, con una visión distorsionada de la realidad, con un catálogo de reivindicaciones que no abandona y con la misma arrogancia y el mismo lenguaje y la misma escenografía».
«ETA quiere mantener su posición de tutela, de garante de una supuesta negociación», añadió el máximo responsable de la Policía, que censuró que la banda siga pretendiendo que el fin de la violencia «tenga precio». El vicepresidente rechazó asimismo la posibilidad de una «verificación internacional» del alto el fuego, porque en un estado de Derecho quien verifica son las Fuerzas de Seguridad.
Similar, aunque todavía más acentuado, es el pesimismo que mostró el PP en su análisis del comunicado. A juicio de los populares, se trata de una simple maniobra, a modo de «pausa», en la actividad terrorista. Asimismo, el principal partido de la oposición reiteró que no admitirá que la banda imponga «condiciones a la paz», ni cualquier tipo de intervención de mediadores internacionales, tal y como explicó la secretaria general de la formación de Génova, María Dolores Cospedal.
Habida cuenta de que la nota de los asesinos no supone novedad alguna en su estrategia, el PP decidió darle la misma respuesta que a la tregua anunciada en 2006, de modo que la manchega reprodujo el texto que el 22 de marzo de aquel año leyó Mariano Rajoy.
En consecuencia, De Cospedal certificó que su partido solo aceptará un comunicado que anuncie la disolución de la banda y el fin de sus actividades criminales y que, por tanto, estará «muy vigilante» para «impedir por todos los medios que ETA y cualquier formación filoterrorista se presente a las elecciones» municipales y forales de mayo
Todavía más dura en lo formal se mostró la diputada de UPyD, Rosa Díez, quien consideró que la nota de ETA es una «una burla y un escarnio», porque, añadió, la banda no ha renunciado a sus objetivos y su final solo puede surgir de una «derrota» provocada por el «trabajo» de los demócratas.
