La persecución contra el hombre más buscado en las últimas semanas, Julian Assange, se profundiza después de que el Tribunal Supremo de Suecia rechazara ayer el recurso de la defensa del fundador del polémico portal de internet Wikileaks a la orden de ingreso en prisión dictada en su contra como supuesto autor de varios delitos sexuales. Mientras, los documentos que publica la página web siguen saliendo a la luz y en uno de ellos se destaca que el Gobierno español dio su consentimiento a los vuelos secretos de CIA.
El dictamen del Supremo implica que sigue vigente la notificación roja, el nivel más alto de Interpol, que se difunde para encarcelar o detener provisionalmente a personas buscadas internacionalmente y con fines de extradición, en este caso a petición de la Fiscalía sueca.
Poco después de conocerse la decisión del tribunal, el abogado de Assange en la nación nórdica, Bjoern Hurtig, señaló que su cliente se opondrá a ser extraditado al país escandinavo.
El Supremo desestimó el recurso al considerar que en su caso no hay motivos suficientes para conceder un auto de avocación, procedimiento necesario para revisar un dictamen de un juzgado inferior. Para concederlo, es preciso o que se estime que el caso tiene gran importancia para la aplicación de la ley o que haya otras razones particulares, lo que el Supremo rechazó.
Las autoridades suecas enviaron ayer a la Policía británica una nueva orden de captura contra Assange, complementaria a la primera, que incluye matizaciones necesarias de acuerdo con la Justicia de este país para poder proceder al arresto del australiano, que podría esconderse en Gran Bretaña.
La orden inicial incluía solo una especificación sobre la pena máxima de cuatro años que aquel podía recibir por el delito más grave del que está acusado, el de violación.
La enviada ayer contiene, además, especificaciones de penas máximas para los otros delitos.
Con el dictamen del Tribunal Supremo queda ratificada la resolución emitida el pasado día 24 por la Corte de Apelación de Svea, en Estocolmo, que mantiene la orden de prisión contra Assange dictada anteriormente por un juzgado de primera instancia, aunque con dos matizaciones.
La sospecha por violación se rebaja a la categoría de «delito menor», mientras que en una de las tres denuncias por acoso sexual contra el fundador de WikiLeaks se considera que el grado de sospecha «no es lo suficientemente fuerte».
Además, Assange es sospechoso de un delito de coerción ilegal.
Todos los casos están relacionados con su estancia en agosto en Suecia para pronunciar varias conferencias sobre su actividad en Wikileaks, el portal que ha adquirido fama mundial por sus revelaciones de documentos confidenciales del Gobierno de EEUU.
Entre esas filtraciones, ayer se pudo saber que la Embajada en Madrid de EEUU informó al Departamento de Estado de que Moncloa «no ponía reparos» a los vuelos secretos de la CIA. El nuevo cable revelado por la web relata, incluso, la conversación mantenida por el ex embajador estadounidense Eduardo Aguirre y la ex vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega.
