Los tiempos cambian. La siempre denostada clase política, concretamente la de alta gama; la del Parlamento, parece que se pone las pilas para trabajar un poco más. O tener menos vacaciones, concretamente. Así, el acuerdo unánime alcanzado ayer por los portavoces de los grupos del Congreso para celebrar plenos en enero y julio hará que los miembros del Gobierno se sometan a cuatro sesiones de control más al año: una en enero, otra en la primera semana de febrero y otras dos cada mes de julio.
El pacto cerrado en la reunión entre los portavoces y el presidente de la Cámara Baja, José Bono, pone fin a las llamadas vacaciones parlamentarias de los meses de enero y julio sin necesidad de modificar la Constitución ni el Reglamento de la Cámara, porque supone un mero «acuerdo político» de voluntades.
Habrá por tanto sesiones extraordinarias en enero -una- y en julio -dos-, quedando agosto como mes de asueto para los diputados, y en todas ellas habrá control al Ejecutivo, esto es, preguntas e interpelaciones a cargo de los diputados, una cuestión en la que había insistido especialmente el grupo parlamentario popular.
En una nota remitida por el Congreso, se explica que el pacto consiste en adoptar «las medidas oportunas» para poder celebrar estos plenos, así como sesiones de comisión, en julio y enero, con el compromiso de incluir un pleno en la primera semana de febrero, que tradicionalmente quedaba sin actividad.
Las medidas anunciadas consisten en que la Diputación Permanente acuerde al fin de cada período ordinario la convocatoria de los plenos, con su correspondiente orden del día. Por necesidades reglamentarias, el contenido de las preguntas e interpelaciones deberá ser fijado por este órgano, que es el que lo sustituye en los períodos inhábiles, y no podrá modificarse, como ocurre en las sesiones ordinarias, cuyas preguntas pueden ser sustituidas con dos días de antelación.
Ello puede suponer que las cuestiones a los ministros queden un tanto desfasadas, porque desde que las registren los diputados hasta su formulación podrían haber pasado más de 10 días.
Por este motivo, en la reunión con Bono algún portavoz hizo notar la necesidad de que hubiera cierta flexibilidad respecto a las cuestiones al Gobierno, pero el presidente de la Cámara advirtió de que no se podrán modificar.
Aunque a la hora de buscar un consenso entre los portavoces el ex ministro de Defensa había abierto una ronda de consultas en la que había planteado incluso la posibilidad de modificar la Constitución para eliminar las limitaciones de períodos ordinarios que establece en su artículo 73, el acuerdo final renuncia no solo a cambiar la Carta Magna, sino también a cambiar las disposiciones del Reglamento de la Cámara.
El acuerdo en el Congreso llega dos semanas después del alcanzado en el Senado con el mismo propósito, también gracias al consenso de todas las fuerzas parlamentarias.
Un punto que quiso recalcar Bono es que el hecho de que los diputados falten del hemiciclo no significa que estén ociosos y no cumplan con sus obligaciones parlamentarias.
Por otra parte, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, protagonizaron un nuevo enfrentamiento en la Cámara Baja a propósito de la Ley de Economía Sostenible. Mientras la ministra se ofreció a «dar clases» sobre el tema a su rival, ésta le respondió que lo que necesita la antigua titular de Sanidad son lecciones de «técnica legislativa» a la luz del informe sobre esta iniciativa, que pudo ser presentada «hace casi un año».
