Uno de los abogados del despacho de abogados Nummaria, imputado en la causa que investiga la defraudación de 15 millones de euros que el bufete desviaba a través de sociedades en Panamá, declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que se ocupaba de gestionar la compra de inmuebles del actor Imanol Arias, también investigado en este procedimiento.
José María Aramburu Agracadarso, que figura como administrador de al menos siete de las compañías de las que el despacho se servía como pantalla para mover de forma presuntamente irregular fondos, precisó que se ocupó en concreto de la adquisición por parte del protagonista de la serie ‘Cuéntame’ de una vivienda en la playa. Además, precisó que también se ocupaba de gestionar asuntos relacionados con la exmujer del actor, Pastora Vega.
El juez Moreno interrogará esta semana a otros seis investigados por mantener “estrechos vínculos” con el despacho de abogados Nummaria que aparecen como administradores, representantes o autorizados en las cuentas bancarias de algunas entidades vinculadas al bufete que presuntamente defraudó 15 millones de euros.
Mañana comparecerán Ramón Rodríguez González y Alfonso José Martínez Montón, mientras que Pedro Peña Bello y Carlos Najarro Santos lo harán el miércoles e Ignacio María Viana Rivera y Rodrigo Pascual Peña, el jueves.
Pedraz, que escuchó ya a varios trabajadores y administradores, interrogó hace unos días al dueño del despacho, Fernando Peña, quien defendió la legalidad de su actuación y exculpó a Arias y su compañera de reparto Ana Duato. Los protagonistas de ‘Cuéntame cómo pasó’ están siendo investigados por defraudar un total de 2,98 millones de euros con ayuda del bufete.
Anticorrupción alega que las entidades operativas de Nummaria declararon ventas por más de 30 millones de euros, ingresando por IVA “cero euros” y un total de 3.200 euros por Impuesto de Sociedades, por lo tanto, habría generado pérdidas de manera “constante”. Sin embargo, sospecha que habría tenido beneficios que no declaró al fisco.
La Fiscalía considera que el despacho creaba estructuras societarias “casi idénticas” para una parte “muy importante” de sus clientes con el fin de no tributar por el Impuesto de Sociedades y el IRPF, ocultando beneficios y valiéndose de más de 40 Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE’s), participadas en un alto porcentaje por sociedades residentes en Reino Unido, participadas a su vez por entidades de Costa Rica y con testaferros del país centroamericano o Mauricio.
A nivel nacional, el bufete utilizaba de forma “masiva” sociedades, comunidades de bienes, UTEs y todo tipo de entes instrumentales. En muchas ocasiones, el punto de conexión entre el plano nacional e internacional estaba en la utilización de una Agrupación Europea de Interés Económico, con domicilio en España participada por una firma inglesa.
