El Juzgado de lo Mercantil de Segovia ha dictado sentencia en la que exculpa a los responsables de las empresas del grupo Proinserga de su entrada en concurso de acreedores en el año el 2007, varios meses después de reconocer un importante déficit económico.
De este modo el titular del Juzgado, Jesús Marina Reig, declara en sus resoluciones que es fortuito el concurso de las empresas Alimentos Refrigerados S.A (Alresa), Primayor Foods, Consorcio Ganadero, y Proinserga Inversiones.
El declive de estas sociedades supuso un importante quebranto para la economía de la provincia y tuvo un enorme impacto en cuanto a puestos de trabajo, en especial en Alresa, empresa que estaba dando trabajo a cerca de 300 personas unos meses antes de comenzar la quiebra.
En contra de cómo habían solicitado la Fiscalía y los administradores concursales, el juez declara fortuitos los concursos de estas cuatro sociedades vinculadas al mayor holding empresarial que ha tenido la provincia de Segovia.
En todas sus resoluciones, el juez de lo Mercantil señala que el proceso de integración vertical iniciado por el grupo empresarial para ampliar su actividad “no atendió a las necesidades del mercado y no se adoptaron las medidas de reestructuración necesarias para una producción eficiente”. Los excedentes empresariales “se dedicaron a financiar actividades que, siendo interesantes para los ganaderos, eran independientes de los fines sociales y se confundían con los particulares de los accionistas”, según recoge la sentencia en sus previsiones iniciales.
Como se recordará, Proinserga, sociedad formada por un grupo amplio de ganaderos de porcino en 1973, se embarcó en su última etapa en la compra de una red de mataderos que adquirió a Campofrío, con sede en Burgos.
Además había creado algunas empresas paralelas. La primera fue Incoporc (1982) para la comercialización de los cerdos. En la última etapa nació Proinserga Inversiones, Consorcio Ganadero… así hasta ocho sociedades diferentes con las que se diversificaban más las actividades. Pero los hechos han demostrado que no fue acertada la elección.
El grupo adquirió la sociedad Primayor Foods, rama de carne fresca al grupo Campofrío. Lo hizo a través de Proinserga Inversiones S.A. Y luego lo vendió a Consorcio Ganadero, del mismo grupo.
De Alresa, conocida también como ‘La Choricera’, queda probado que comenzó a acarrear importantes pérdidas de su primigenia actividad cárnica, a lo que se unió el fuerte endeudamiento a largo plazo incrementándose más de un 300 por ciento durante el período 2002-2006. Las estrecheces de tesorería culminaron con un agravamiento de las pérdidas que trataron de encubrirse con revalorizaciones voluntarias de activos inmobiliarios, dice la Fiscalía.
Una vez iniciado el proceso concursal, los administradores tutelantes apuntaron como responsables a las siete personas que integraban el Consejo de Administración. Y pedían para ellas su inhabilitación para administrar bienes ajenos durante dos años, y que fueran condenados a pagar a los acreedores las cantidades adeudadas.
Pero el juez destaca que en los informes de la Administración Concursal no se imputan responsabilidades a nadie del grupo. “No se buscan responsables de las decisiones del grupo; se limita a culpabilizar a los administradores de Alresa”. Para el juez, la clave está en que se separó por un lado la actividad que hacía Alresa y que se aportó a Primayor Elaborados, y por otro la actividad de los inmuebles, “y Alresa no tenía más actividad que el alquiler de estos inmuebles; reestructuración que fracasa, pero no se dice qué es lo que se ha hecho que merezca la tacha de ser doloso o gravemente culposo”, indica.
Proinserga inversiones
Similares argumentos maneja en el caso de Proinserga Inversiones. La sentencia recuerda que esta sociedad (Pisa) nació con el fin de financiar a las demás sociedades del grupo a cambio de obtener parte de los beneficios que éstas generaban. Al ser sociedad de cartera, su única forma de conseguir recursos era a través de sus participadas, y por ello cuando las sociedades del grupo solo producen pérdidas Pisa entra en crisis. Y pasó de tener un pasivo de 16 millones de euros a finales de 2003 a más de 31 millones en 2007, fecha de presentación de la solicitud de concurso. Pero en este caso tampoco han puesto de manifiesto los administradores concursales “actos ni dolosos ni gravemente culposos” en la gestión. “Se dice que no se han tomado las medidas oportunas, pero no se dice cuáles eran esas medidas oportunas y los medios de que se disponía para tomarlas. Se han tomado medidas, y se han hecho importantes esfuerzos, descritos por la sociedad y los administradores en sus contestaciones. Han fracasado, pero no es la culpabilidad la consecuencia del fracaso”, reprueba el juez de lo Mercantil.
La Fiscalía había argumentado también irregularidades contables y retraso en la declaración de concurso. Apuntaba sobre esta sociedad que preparó un Plan de Acción diseñado por la prestigiosa consultroa KPMG, que arrancó en septiembre de 2006. La empresa buscó “incansablemente nuevos socios y ayudas que le permitieran continuar con su negocio a través de la entrada de diferentes socios capitalistas, la entidad Madrigal, el grupo Guascor, entre otros, de lo que se hicieron eco medios de prensa”. Y recuerda que el Banco Popular “articuló” su salida de la sociedad.
Consorcio Ganadero presentó concurso de acreedores por la crisis de Primayor Foods, S.L., ya que ésta había declarado que no podía devolverle un préstamo de 12.412.250 euros que le había concedido. Primayor Foods había obtenido de la cabecera del grupo Proinserga Inversiones, S.A. operaciones de financiación a las que no pudo hacer frente ya que Primayor Foods, S.L. no atendía sus obligaciones de pago. “La crisis de Proinserga Inversiones, que había financiado a Consorcio Ganadero, para que a su vez ésta financiase a Primayor Foods, es el factor determinante del concurso”, resume la sentencia.
Finalmente concluye eximiendo de culpa a sus gestores: “Son hechos ajenos a los administradores de Consorcio Ganadero en cuanto tales. Por lo que sería un elemento contrario a considerar su gestión como dolosa o gravemente culposa en cuanto fuerte condicionante impuesto desde fuera, que disminuiría la capacidad de decidir”.
