Sin tirar las campanas al vuelo, el año que finaliza ha sido, en líneas generales, un buen período para el conjunto del sector, desde la agricultura a las cabañas ganaderas. Se han logrado buenas cosechas en algunas de las producciones más importantes como los cereales, el vino o el aceite de oliva, con unos resultados finalmente positivos a pesar de la caída de las cotizaciones en el campo. En el caso de la ganadería, ha habido estabilidad en las producciones y precios positivos en algunas de las cabañas de más peso como en el porcino. En vacuno, los precios se recuperaron por las elevadas exportaciones a los países árabes y en leche también se han disparado las cotizaciones por falta de oferta en el conjunto de la Unión Europea, algo que no se registraba desde hace algunos años.
Lo que sucede en las producciones es algo que, en ningún caso se puede achacar generalmente, ni para bien, ni para mal, a la política agraria, ni es una medalla que, con resultados positivos, se puedan colgar los responsables políticos. En relación con otro aspecto importante como el comportamiento de los mercados, la realidad es que los mismos funcionan generalmente por sus propias reglas, a falta de mecanismos y estructuras públicas o del sector capaces de modificar sus tendencias.
Al margen de los resultados, 2013 también ha sido un período muy importante en el desarrollo de la política agraria con actuaciones que, en muchos casos, suponen la posibilidad de sentar nuevas bases de futuro.
En primer lugar, cabe señalar que ha sido el año de la reforma de la PAC en cuanto ha supuesto el cierre de las negociaciones el marco comunitario y el inicio de los debates para su aplicación dentro del territorio nacional. Las comunidades autónomas y el Ministerio llegaron a un primer acuerdo el pasado mes de junio donde, entre otras cuestiones, se decidió la aplicación de la misma con carácter estatal, nada de distribuir una asignación fija con recursos a cada gobierno regional, pero con el compromiso de la Administración central de que no se produjeran transferencias importantes de recursos entre las regiones, los distintos sectores y las explotaciones.
La reforma, según los términos acordados, tiene de positivo y no es poco, que contempla el mantenimiento de los recursos hasta 2020. No se tiene en cuenta la pérdida que supone no aplicar a los pagos el deterioro por la inflación de cada año. Pero, a la vista de la situación económica en el conjunto de la Unión Europea y de los recortes aplicados en otras partidas, no se trata de un mal acuerdo el mantenimiento de los fondos, tanto para los pagos directos, así como para el desarrollo rural.
La modificación, en consecuencia, va a suponer, en líneas generales, una estabilidad y continuidad de los pagos actuales, lo cual es una buena noticia para quienes los perciben. Pero es negativa si se considera que con el actual modelo de pagos por derechos históricos hay sectores y explotaciones que están perjudicados y que van a seguir en la misma situación con el nuevo modelo de los derechos de pago asignados a superficies.
Junto a estas negociaciones y el acuerdo sobre la reforma de la PAC, 2013 ha sido escenario de dos disposiciones muy importantes para el futuro del sector y que se contemplaban en el programa del Partido Popular para los últimos comicios.
Por fin, el sector va disponer de la Ley de la Cadena Alimentaria con la que, tanto el sector como la industria esperan poder defender sus derechos e intereses frente a la gran distribución. Se trata de una disposición largamente demandada y habrá que ver su aplicación. La otra disposición importante es la de la integración cooperativa, aunque también habrá que esperar también cuáles son las exigencias mínimas para constituir una entidad supraautonómica para ver su eficacia.
Sin embargo, el año que ahora finaliza no ha sido bueno para el sector agrario si tenemos en cuenta que ha vuelto a ser uno de los departamentos ministeriales con ajustes en sus disponibilidades, cuestión que ya no sorprende si se tiene en cuenta que las aportaciones del Estado vienen cayendo desde tiempos de los socialistas.
En la parte negativa se puede situar igualmente la actual política de seguros derivada de la falta de fondos provenientes de la Administración central y de las comunidades autónomas. El Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete ha mantenido los niveles de apoyo en los 200 millones de euros para subvencionar las primas frente a los 300 millones que puso hace varios años, aunque la caída más grave se ha producido en algunos gobiernos regionales.
