La Junta de Personal de Servicios Periféricos de Segovia denunció hoy la campaña de desprestigio a los empleados públicos que, según asegura, están ejerciendo responsables de los sectores empresarial y financiero con el “silencio cómplice” de los representantes de la administración.
En este sentido, esta Junta de Personal, integrada por 21 miembros, de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, USAE y CGT, y que representa a 1.200 funcionarios de la provincia de Segovia, ha remitido un escrito a la Delegación Territorial de la Junta para exigir que “defienda a ultranza el empleo público, los empleados públicos, el trabajo que desempeñamos y el necesario papel que desempeña la función pública en nuestra sociedad”, según explicó hoy, en rueda de prensa, el presidente del organismo Jesús María Sanz Cobos.
Asimismo, los cinco sindicatos reclaman a la Junta de Castilla y León que “exija a esos sectores empresariales” que, en su opinión, cuestionan la calidad del servicio público, las retribuciones y la estabilidad en el puesto de trabajo del personal funcionario, que “respeten nuestro trabajo, que es imprescindible para vivir en democracia”.
En Segovia, según los sindicatos, existen unos 12.000 funcionarios, que suponen el 20% de la población activa, de los que 1.200 están representados por la Junta de Personal de Servicios Periféricos de Segovia; esto es, están ligados a la administración regional.
Sanz Cobos aludió al recorte del 5% de los sueldos aplicados a los funcionarios, que sucede a continuas congelaciones salariales. Según explicó, el 50% de los empleados públicos tienen un sueldo inferior a los 1.500 euros netos; mientras que el 25% no alcanzan ni siquiera a ser mileuristas. El presidente de la Junta de Personal, indicó que los empleados públicos “no tenemos ningún problema en apretarnos el cinturón y no hemos tenido problemas para que con el dinero que nos corresponde se pueda pagar subsidios de desempleo, gastos sociales, contribuir a disminuir el déficit público, y podamos salir de esta situacióncaótica de crisis en la que la coyuntura mundial, los mercados financieros, la avaricia empresarial y la vergonzosa
ineptitud de nuestra clase política, nos han metido”.
Tras indicar que los empleados públicos también están preocupados y afectados por el paro, Sanz Cobos manifestó que “sería deseable que de este esfuerzo que se nos exige e impone a los empleados públicos y ahora también a los pensionistas, también a los señores y portavoces empresariales y financieros tampoco”. “Será necesario –añadió– que contribuyamos todos, y todo el mundo arrime el hombro. Los ricos y los menos ricos,los empleados públicos y los privados, los trabajadores, los empresarios, y los dueños de las grandes fortunas, pero cada uno en la medida que le corresponda y pagando más el que más tiene”.
Sanz Cobos reclamó que cuando se supere la actual situación de crisis económica, el Estado actúe para que los empleados públicos recuperen su poder adquisitivo. En este sentido, indicó que desde finales de la década de los ochenta y hasta la fecha actual, el poder adquisitivo de los funcionarios se ha visto devaluado hasta porcentajes del 50%, mientras que los beneficios empresariales “han sido cada vez mayores y en muchas empresas han actualizado los salarios con cláusulas de revisión salarial que los empleados públicos no tenemos”.
Asimismo, el presidente de la Junta de Personal destacó el papel que desempeñan los funcionarios en la sociedad. Los funcionarios y funcionarias ejercen potestades públicas, sirven a los ciudadanos y ciudadanas y salvaguardan los intereses generales, son la garantía de imparcialidad y velan por el cumplimiento de las leyes independientemente de los gobiernos y de los partidos que los sustentan, acceden a la Administración y promocionan en ella, bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.
