Ese Guadiana en que se ha convertido la tan largamente esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán reapareció ayer nuevamente. Y lo hizo para confirmar que el fallo, que podría redefinir el Estado de las autonomías o, más probablemente, dejarlo todo casi como está, continúa estancado tras acumular más de tres años y medio de retraso. De hecho, estas enésimas filtraciones sobre las dificultades que ahogan a los magistrados en sus intentos por consensuar la resolución no son sino reflejo de que la confrontación es más política que jurídica y se dilucida entre los bandos progresista y conservador, trasunto casi milimétrico de PSOE y PP. Así pues, al menos de hacer caso a diversas fuentes, recogidas por varios diarios de ámbito nacional, la fractura es casi perfecta, de modo que los cinco magistrados de dicho bloque progresista ya habrían alcanzado un acuerdo en torno al quinto borrador de sentencia, y todos sus afanes se centran en sumar al menos un voto conservador que permita aprobar la resolución. Olvidada ya la pretensión de conseguir un pronunciamiento unánime, ni siquiera uno con amplia mayoría, la batalla se centra en arañar el sufragio de quien bien podría ser el vicepresidente del organismo, Guillermo Jiménez.
Cabe recordar que el Pleno está compuesto únicamente por una decena de togados después de que Pablo Pérez Tremps fuera recusado y Roberto García Calvo falleciera.
En todo caso, y aún con la escasa credibilidad que tendría una sentencia apoyada por apenas la mitad de los integrantes de un Constitucional ya mermado, lo cierto es que ni siquiera ese sexto apoyo está demasiado claro. Mientras diversas fuentes lo dan por hecho, otras, no obstante, distan mucho de tal optimismo y sostienen que ni siquiera ese pírrico apoyo está garantizado, por lo que los debates informales continuarán después de Semana Santa.
Los informantes menos lanzados llegan incluso a comentar que tampoco el acuerdo entre los progresistas puede considerarse definitivo, dado que el consenso se ha suscitado en torno a un texto que aplica la «reiterada y abundante» jurisprudencia constitucional para salvar el preámbulo del Estatut
-que recoge la definición de Cataluña como nación hecha por el Parlamento autonómico-, al estimar que no tiene valor jurídico, pero que no extiende automáticamente ese aval al articulado referido a los Símbolos nacionales.
Además, el proyecto -que podría ser sometido a la consideración del Pleno en abril- declara nulos una quincena de preceptos de los más de 100 recurridos por el PP, entre ellos los referentes al Poder Judicial en Cataluña, y condiciona de otros tantos a su interpretación. Los cinco apoyos de tal planteamiento serían los de la presidenta, María Emilia Casas, la ponente, Elisa Pérez Vera, y Pascual Sala, Eugenio Gay y Manuel Aragón, este último el más conflictivo, puesto que hasta el anterior borrador estaba alineado con los conservadores.
Dada la cita composición del Pleno, tales cinco apoyos serían suficientes, pero solo si Casas hace uso de su voto de calidad, algo que trata de evitar , máxime en un asunto de tanto calado y dada su interinidad. Y es que el mandato de Casas, -como los de Jiménez y los también conservadores Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata-, expiró en diciembre de 2007. Desde entonces, el Senado tiene pendiente su renovación, mientras que el Congreso tampoco ha cubierto la plaza que ocupaba García Calvo.
Así las cosas, el Constitucional no quiere una sentencia con ese exiguo apoyo y trabaja para conseguir una mínima mayoría y notificar la sentencia antes de que dé inicio la precampaña de las elecciones catalanas -previstas para otoño- y las deliberaciones sufran un nuevo parón.
