El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, afirmó ayer que en España «no nos encontraríamos con un déficit controlado, un desempleo a la baja y un crecimiento cada vez más acelerado y sostenido» si no es gracias a las «medidas difíciles» que el Gobierno ha adoptado, pero «hubiese preferido no adoptar».
«En tan sólo dos años, el conjunto de las Administraciones Públicas ha logrado reducir su déficit desde el 9,07% con el que cerró 2011, al 6,62% en 2013. Son 2,45 puntos menos, casi 25.000 millones de euros», detalló Beteta, que hizo un balance de los distintos mecanismos que ha llevado a cabo el Gobierno, como el Fondo de Liquidez Autonómicos, con los que el Estado «inyectará casi 105.000 millones de euros entre 2011 y 2014».
Igualmente, destacó que las acciones del Gobierno en cuanto al pago a proveedores «han permitido hasta este año pagar más de ocho millones de facturas por un importe que supera los 41.800 millones de euros a casi 200.000 proveedores». Así, informó de que la morosidad media en el pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas «ha bajado de 150 días en marzo a 139,6 días en abril».
A este respecto concretó concretado que «más de un 50% de las facturas en el caso de las comunidades autónomas, y más de un 60% en el de las entidades locales se han pagado a pymes, pequeños emprendedores y autónomos», al tiempo que puso de relieve que «la mayoría de ellas han ido destinadas a la sanidad, la educación o los servicios sociales». «Es decir, para sostener y potenciar nuestro Estado del Bienestar», remató.
Registro único
En este sentido, destacó la creación de un registro único para todo el territorio español, de forma que «sólo hay facturas y hay que pagarlas», lo que «se garantiza con el registro telemático obligatorio, permitiendo un seguimiento exhaustivo de las facturas».
Así se pronunció el secretario de Estado de Administraciones Públicas en la ponencia inaugural del encuentro ‘Transformación del talento y redes del conocimiento en la Administración Pública’, que está teniendo lugar durante los Cursos Avanzados de Verano 2014 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.
Beteta también destacó que las políticas del Ejecutivo de Mariano Rajoy «fueron imprescindibles» si se quería «controlar un déficit destocado», aunque ha reconocido que «resultaban duras». Pese a ello, manifestó que el Gobierno estableció dos límites o «líneas rojas» para «no perjudicar a los más vulnerables por la crisis».
En concreto, señaló la progresividad en la subida de los impuestos para que el gravamen complementario fuera «sólo de 0,75 puntos para las rentas más bajas, mientras que el de las rentas altas alcanzó los siete puntos, pasando el tipo del IRPF del 45% al 52%.
Gasto social
En cuanto a la segunda «línea roja», Beteta recordó que se trataba de «mantener los niveles de gasto social», al tiempo que el gasto social de las Administraciones Públicas españolas representa un 64,6% del total, un porcentaje similar al de los años 2012 y 2013 y «dos puntos más que en el último año del anterior Gobierno socialista», al que criticó por sus «errores», que provocaron que el déficit público ascendiera de un 2,4% en 2007 a un «colosal» 11,1% en 2009″.
El secretario de Estado avanzó además que el Gobierno negocia con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aplazar las deudas de los ayuntamientos que tengan superávit «garantizando la situación de equilibrio presupuestario al que están comprometidos en función de la legislación vigente».
Así se manifestó al ser preguntado por los periodistas por la posibilidad de aplazar de nuevo la devolución de los créditos para que «tengan más liquidez», tal y como anunció el pasado sábado el ministro Cristóbal Montoro en la décima Escuela de Verano del PP de Andalucía.
Beteta denominó esta estrategia como una «inversión financieramente sostenible».
