Si Rick Blaine, el cáustico y amargo propietario del inmortal café de ‘Casablanca’ decidiera hoy abrir su negocio en España, tendría que salir fuera de su negocio para saborear uno de sus cigarrillos, y quizá allí intentar convencer al pianista Sam para tocar otra vez ‘As times goes by’ antes de que llegara Ilsa a atormentarle con recuerdos de París. Esto es así porque desde el 1 de enero de 2011 la Ley 42/2010 de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo impide el consumo de tabaco en establecimientos públicos cerrados, y reordena también la venta, el suministro y la publicidad de todos los productos y labores del tabaco.
El nuevo marco legal surgido de esta normativa dispone que las comunidades autónomas sean las administraciones garantes de su cumplimiento, estableciendo a tal fin las medidas necesarias de vigilancia y control. Así, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad se encarga de este cometido con controles de inspección periódicas para garantizar el cumplimiento de un complejo catálogo de normas.
En Segovia, los inspectores del Servicio Territorial de Sanidad han llevado a cabo desde el inicio de la aplicación de la ley un total de 1.027 inspecciones, con el cometido de dar respuesta a las denuncias presentadas por presuntos incumplimientos de la ley, y también de atender a la planificación de inspección y control de la Consejería de Sanidad que contempla un número mensual de visitas a establecimientos de distinta índole en los que se comprueba el cumplimiento de la legislación vigente en esta y en otras materias.
Los controles se realizan de manera aleatoria en una fase inicial, eligiendo al alzar los locales que serán objeto de estudio, aunque se complementan con inspecciones dirigidas que se realizan en establecimientos que ya han sido denunciados por alguna infracción.
En 2011, primer año de la aplicación de la ley, la Junta realizó un total de 118 inspecciones, cifra que se elevó mínimamente en 2012 (124 inspecciones) para subir espectacularmente en 2013, año récord hasta ahora con un total de 340 visitas de inspección registradas. En 2014 la cifra bajó hasta las 139 inspecciones para experimentar el pasado año una fuerte subida que duplica la de 2014, con un total de 306 inspecciones.
Los inspectores de la Junta formalizan en su visita un acta de inspección que informa sobre las posibles deficiencias detectadas y que puede dar lugar a la apertura de un expediente sancionador. Así, se han registrado desde 2011 un total de 114 procedimientos por distintas anomalías, aunque en un alto porcentaje no han derivado en expedientes sancionadores efectivos ya que las irregularidades detectadas han sido subsanadas por los establecimientos.
La ausencia de carteles de prohibición suele ser la irregularidad más común detectada en estos procedimientos sancionadores, cuyo número ha ido oscilando en este primer lustro de vigencia de la normativa desde los 17 registrados en 2011 hasta los ocho que se incoaron el pasado año. 2013 fue el año en el que mayor número de expedientes se abrieron, con un total de 35, mientras que en 2012 fueron 30 y en 2014 bajaron a 24 expedientes.
En la redacción de la nueva ley se estipula la graduación de las sanciones: las infracciones leves conllevan una multa entre 30 y 600 euros (salvo el hecho de fumar en lugares prohibidos, cuya sanción llegará hasta 30 euros si la infracción se realiza de forma aislada); las graves conllevan una multa entre 601 euros y 10.000 euros, y las infracciones muy graves, multas desde 10.001 euros hasta los 600.000 euros.
Una cuestión de hábito
La entrada en vigor de la ley suscitó una gran controversia en los sectores económicos más afectados como la Hostelería, ya que la prohibición de fumar en bares y restaurantes golpeaba directamente en la línea de flotación de estos negocios. Las previsiones más funestas por parte de las patronales del sector finalmente no se han cumplido, y aunque es justo reconocer una afección significativa en el volumen de negocio, los porcentajes de descenso no han sido tan elevados como inicialmente se preveía.
Julián Duque, presidente de la Agrupación Industrial de Hosteleros de Segovia (AIHS) explica que la adaptación de los negocios a las exigencias legales «ha sido igual que el tabaco, una cuestión de hábito». Así, reconoció que en los primeros meses el cumplimiento de la normativa «se hizo muy cuesta arriba» tanto para los profesionales como para los clientes de los bares, que expresaban su incomprensión con esta medida y se ven obligados a salir a la calle para poder fumar. «Como en otras muchas ocasiones, los hosteleros hemos tenido que reinventarnos y ofrecer a los clientes alternativas como la instalación de terrazas en el exterior o cavas para poder fumar —explica Duque— y finalmente hemos conseguido un equilibrio que nos permite cumplir con la normativa y favorecer a nuestros clientes». El presidente de la AIHS reconoce que los establecimientos más afectados por estas medidas han sido los pequeños bares, pero alabó la actitud del sector hostelero que, en su opinión, ha sabido conjugar la ley para «interpretarla con prudencia». Además, manifestó que los clientes «también han puesto mucho de su parte para hacer cumplir la ley, porque poco a poco todos nos concienciamos de los beneficios que aporta reducir o abandonar el consumo de tabaco».
