El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Nava de la Asunción ha denunciado “el cúmulo de despropósitos que el alcalde está llevando a cabo en la gestión de los contratos municipales”, según manifiestan en una nota informativa, sobre las “irregularidades” que han detectado en la contratación de suministros y equipamiento del edificio del nuevo albergue juvenil, en construcción desde hace tres años y hasta el momento con una inversión superior a los 600.000 euros.
El contrato en discordia fue adjudicado el 28 de octubre por una cantidad de 63.404 euros, bajo el procedimiento negociado sin publicidad, que critican los representantes socialistas, además de añadir que en ese proceso de adjudicación, sólo se “invita a las empresas que el alcalde quiere”. En su opinión, desde ese momento “se cometen las presuntas irregularidades”, que como afirman, se suma una resolución de la Alcaldía aprobando el pliego de condiciones que va a adjudicar la Junta de Gobierno, cuando, en su criterio, la Ley establece que “debe ser el mismo órgano quien debe llevar a cabo todo el proceso”.
También critican otras “anomalías” en el decreto de aprobación de esta resolución, al no publicarse en el Libro de Decretos y por ello no se dé cuenta al pleno, “cuando la ley establece la obligación de recoger estos decretos en el citado libro, al igual que indica que serían nulos los acuerdos que no estuvieran recogidos en el mismo”.
También citan como presunta “irregularidad más grave”, el hecho de que la adjudicación se conceda a dos empresas diferentes, otorgando una parte de 28.500 euros para una y otra parte de 36.520 euros, para otra, cuando estiman que el pliego de condiciones aprobado no contempla esa posibilidad y la normativa impide explícitamente partir los contratos, además de sacar la contratación por un importe superior a los 62.020 euros, del que se había sacado. Para el portavoz socialista Juan José Maroto, las “irregularidades” que exponen son motivo de anular el proceso y traerían graves consecuencias al Ayuntamiento. Los socialistas no entienden tales actuaciones en un proceso sencillo, y se preguntan si existe un interés especial en dicha adjudicación para saltarse la ley.
