El Consejo de Administración de Nuclenor acordó ayer pedir la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña hasta 2031, una fecha con la que la planta atómica burgalesa se situaría en los 60 años de edad.
La decisión se tomó en la reunión extraordinaria del Consejo de Administración, del que forman parte al 50% Iberdrola y Endesa y se basa en lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado mediante Real Decreto 102/2014, del 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.
El titular de Garoña disponía hasta el 6 de julio próximo para pedir dicha renovación y acordó ayer pedir al departamento que dirige José Manuel Soria un permiso que finalizaría el 2 de marzo de 2031, fecha en la que se cumplirían 60 años de explotación de la planta atómica.
La empresa considera que un marco temporal de explotación «de estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas».
Esta solicitud va acompañada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para la renovación de la autorización de explotación, tal como figuraba en la última solicitud presentada. Estos papeles demuestran, según el titular, que se dispone de un adecuado control del comportamiento de las estructuras y equipos de la central y permite asegurar su capacidad para realizar las funciones de seguridad a largo plazo.
Asimismo, incluye el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las pruebas de resistencia y las Instrucciones Técnicas Complementarias del Consejo de Seguridad Nuclear.
Nuclenor «se compromete» a desarrollar -antes de cargar combustible en el reactor de la central- las modificaciones de diseño requeridas con anterioridad por el CSN en su informe Ministerio, sobre las modificaciones del aislamiento de contención, la independencia de sistemas eléctricos, protección contra incendios y nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva (SBGT).
La decisión se encuentra en manos del Consejo Superior Nuclear. Algunas organizaciones y políticos se han mostrado en contra de la reapertura, aunque la puesta en marcha cuenta con el beneplácito de la Junta.
