La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Esperanza Aguirre, volvió a citarse ayer con la polémica tras presentar a los integrantes de su lista electoral y opinar que los ciudadanos «agradecen» que en ella no repitan los «imputados en el Gürtel», dadas sus «responsabilidades políticas».
«Con el lógico respeto a la presunción de inocencia penal, creo que cuando un juez sospecha que un dirigente ha utilizado su cargo para su proyecto personal existen responsabilidades que hay que sustanciar, y así lo hemos hecho en el PP de la CAM, y esta lista es otra prueba de ello», defendió la baronesa conservadora, que presumió de tener en su equipo a 59 mujeres y a un joven de 25 años, que es el vicesecretario de Nuevas Generaciones en la autonomía, Ángel Carromero.
En un acto al aire libre celebrado en el parque Juan Carlos I, Aguirre se fotografió con los 132 miembros de su «candidatura de continuidad» a la Asamblea regional -129 titulares más tres suplentes-, a los que llamó a presentarse a los comicios con el aval que les da el trabajo de los últimos años.
«Los ciudadanos nos conocen por nuestras obras y resultados, no por nuestra palabrería», les arengó Aguirre, convencida de que concurren a los comicios del 22 de mayo con un «balance más que satisfactorio», el cual «se engrandece teniendo en cuenta la situación económica».
En los primeros puestos de la lista figuran la práctica totalidad de los consejeros de su Gobierno, seguidos del portavoz parlamentario, los adjuntos, la presidenta y la vicepresidenta de la Asamblea.
Como Mourinho
«No es necesario ser mi admirado José Mourinho para saber que cuando un equipo está jugando bien y gana no hay que cambiarlo, y eso es lo que ha pasado con esta escuadra en los últimos cuatro años», argumentó la dirigente popular.
En Génova, sus palabras no sentaron muy bien, ya que en Valencia sí hay imputados -o implicados- en la trama orquestada por Francisco Correa, comenzando por el president Camps, si bien gozan, como cualquier persona en su caso, de la presunción de inocencia. De hecho, en esa misma situación también se encuentran dirigentes de PSOE, CiU, IU e incluso partidos minoritarios. Caso distinto es el del CPM de Melilla, que tiene a un condenado por blanqueo y drogas en sus filas.
Así, la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, aseguró que no hará «mas comentarios» sobre las listas del partido para el 22-M: «Ya dimos cumplidas explicaciones de cada una de las candidaturas, y ya está todo dicho».
Mientras, el secretario general del PSM y candidato a la Presidencia madrileña, Tomás Gómez, se mostró cauto ante la oferta de Aguirre, al asegurar que habrá que esperar para ver «si no viene cargada de más Gürtel». En este sentido, reiteró que la «ciudadanía» le exigirá que «devuelva lo que se han llevado sus chicos», montante que cifró en 120 millones de euros.
Por otro lado, el político nacido en Alemania reclamó en Pinto la «renuncia» de la candidata popular a la Alcaldía y ex alcaldesa, Miriam Rabaneda, después de conocerse que el Tribunal de Cuentas ha obligado a su hermana y ex concejal de Hacienda durante su mandato, Tamara Rabaneda, a avalar junto con otro edil la cantidad de 10.186 euros por un presunto alcance durante su gestión.
A este caso se suma un turbio asunto en Córdoba, donde la número 22 de la lista electoral del bloque conservador al Consistorio de la capital, la independiente Cristina Ruiz, dejó su puesto al existir una posible implicación en la trama de los ERE. Los ataques de los socialistas andaluces no se hicieron esperar, si bien el PP no tardó en recordarle que, en ese asunto, ganan «por goleada», al tiempo que alabó la decisión de la candidata, de la que subrayó que los hechos denunciados se remontan a 2006, «cuando ni siquiera se había planteado formar parte de este partido», según el portavoz regional Antonio Sanz.
Ley «compleja e injusta»
Por otra parte, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, sostuvo que una ley que impidiera que los grupos políticos presentaran candidatos imputados a las elecciones -como había propuesto el líder de los conservadores en la región sureña, Javier Arenas, la semana pasada- sería «compleja» desde el punto de vista jurídico, y con ella se podría cometer «alguna injusticia». Así, el brazo derecho de Manuel Chaves vio más factible un acuerdo general entre las distintas formaciones para que se excluya de las listas a quienes estén inmersos en actuaciones judiciales que lleven aparejado «lucro personal».
