No hubo sorpresas y el etarra Antonio Troitiño, excarcelado el pasado día 13 tras pasar 24 años en prisión, decidió ayer seguir los pasos de Josu Ternera y De Juana, y está en paradero desconocido después de que la Audiencia Nacional revocara, en la noche del martes, su decisión de ponerle en libertad, y ordenara su arresto. Curiosamente, se había dejado esta decisión para después de las vacaciones, pero la presión mediática pudo más.
Aunque fuentes jurídicas consultadas aseguraron que habían sido informadas por la mañana de que el ex miembro del comando Madrid de ETA estaba localizado en Francia, la pista se hacía más borrosa conforme pasaban las horas.
Así, fuentes de la lucha antiterrorista aseguraron que las Fuerzas de Seguridad no tienen «ninguna constancia» de que el asesino de 22 personas se encuentre en la localidad gala de Hendaya -donde reside una hija suya y donde otras fuentes le situaban horas antes en el despacho de su abogado- y ni siquiera en el país vecino.
Mientras el clamor de las víctimas y del PP -único partido que ha censurado la actitud del Gobierno- iba creciendo a lo largo de la jornada, los magistrados que dejaron en libertad al terrorista explicaron en el auto que su cambio de criterio se debe a que el Supremo «completó» su doctrina en una sentencia hecha pública el pasado lunes, referida a los presos etarras Ignacio Fernández de Larrinoa y Gotzone López de Luzuriaga. Además, apelaron al descuento aplicado al narcotraficante gallego Laureano Oubiña en mayo de 2010 para sustentar su polémica decisión.
Estas explicaciones no han convencido a Manos Limpias, que los denunciará, aunque sí a la organización progresista Jueces para la Democracia, que vio «razonables» los pasos dados.
Para la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, resulta «espeluznante que un país democrático con 50 años de terrorismo no haya aprendido nada de nada». «Me parece increíble que otra vez vuelva a ser nuestra asociación quien tenga que denunciar, como hicimos ayer, que este asesino se iba a escapar».
Como era de esperar, esta fuga supuso un nuevo cruce de acusaciones entre el PP y el Gobierno después de que el portavoz de Justicia del grupo conservador, Federico Trillo, criticara que el etarra no hubiera sido sometido a una vigilancia «constante» tras su puesta en libertad. El vicepresidente Pérez Rubalcaba le recordó que, tras la primera decisión de la Audiencia Nacional, el terrorista se convirtió en un ciudadano libre con la pena cumplida, por lo que solicitar a la Policía que controlara sus movimientos sería pedirle «algo ilegal», al tiempo que cuestionó sus conocimientos de Derecho. «Esto es una nueva broma», replicó el ex ministro, que subrayó que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado son tan independientes como los jueces.
