Los socialistas catalanes, sabedores de que la marca PSOE comienza a ser más un lastre que una ventaja para afrontar las autonómicas y conscientes por igual de que su crecimiento electoral pasa por arañar votos al nacionalismo, se desmarcaron ayer una vez más de las directrices de Ferraz y, de manera unilateral, plantearon a ERC, ICV y CiU una propuesta de resolución en el Senado para lograr que se reforme la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con el propósito de limitar los mandatos de los magistrados y, de paso, quitar al actual Pleno la poca legitimidad que le queda para enjuiciar el Estatut.
A la hora de explicar su iniciativa, que ayer no fructificó tras horas de conversaciones que serán retomadas hoy mismo, el portavoz del PSC, Miquel Iceta, se permitió el lujo de ironizar sobre su «esperanza» en que el PSOE les brinde «su apoyo».
Más allá de que consigan o no el respaldo de sus teóricos compañeros, ni siquiera está claro que los socialistas sean capaces de pactar un texto con republicanos y convergentes, puesto que CiU considera «insuficiente» la propuesta del PSC y exige que se incluya la petición de incompetencia del Constitucional y que tal cuestión se discuta en las Cortes, una pretensión a la que los discípulos de Montilla no están dispuestos.
Más explicaciones sobre el tira y afloja dio el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, quien detalló que el tripartito les ofrece una propuesta con tres puntos, que la federación avala, aunque considera «de mínimos y poco exigente». El primer apartado defiende la constitucionalidad del Estatut, en el segundo el Parlament se dirige al presidente del Congreso y al del Senado para que, de forma «inexcusable», procedan a renovar los magistrados con mandato caducado, y el tercero pide a los grupos catalanes el impulso de una propuesta de reforma de la Ley del Constitucional para impedir la prolongación forzosa del mandato. Duran confirmó que los nacionalistas proponen añadir el citado cuarto epígrafe para solicitar la incompetencia del actual tribunal.
Tales contubernios merecieron la inmediata réplica de María Emilia Casas, la presidenta del alto tribunal, quien pidió «respeto» para la institución y los propios magistrados ante la «desproporcionada e intolerable campaña de desprestigio» que, «desde ciertos sectores políticos y mediáticos», están sufriendo por su retraso en dictaminar sobre el Estatut.
