El Ayuntamiento de Segovia tendrá que echar mano de la caja municipal para pagar por la ocupación ilegal, hace veinte años, de una finca situada entre Padre Claret y Soldado Español, que en su día se utilizó para unir ambas vías sin que mediase acuerdo previo con la propiedad ni expediente expropiatorio.
Según recordó ayer el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León condenó al Ayuntamiento al pago de casi 1,2 millones de euros, cantidad sensiblemente inferior a los 4,6 millones que solicitaba la propiedad, aunque el Ayuntamiento recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Sin embargo, a instancias de los propietarios, la Promotora Inmobiliaria Camino Nuevo SL, el TSJ ha dictado un auto de ejecución provisional de la sentencia, de manera que el Ayuntamiento tendrá que pagar antes de que el Supremo se pronuncie, previsiblemente en un plazo no inferior a cuatro o cinco años.
Arahuetes explicó ayer que, por el momento, el Ayuntamiento solo abonará una cantidad cercana a los 190.000 euros, “que es con la que estamos de acuerdo, la que se estima según los precios de expropiación”, pero advirtió que tendrán que abonar el resto, hasta los 1,2 millones, si la propiedad presenta un aval bancario que les permita garantizar la devolución del dinero, en caso de que el Supremo diese la razón al Ayuntamiento.
El alcalde volvió a incidir en la responsabilidad política del Gobierno del PP, entonces encabezado por Ramón Escobar, “que en vez de expropiar o llegar a un acuerdo hizo la calle sin más, algo por lo que vamos a pagar ahora”.
